La desaparición de su esposo, el asesinato de su cuñado y las amenazas contra su hija llevaron a una mujer a buscar asilo para hondureños en Estados Unidos.
Su solicitud de asilo enfrentó decisiones adversas, pero Jenyfer Ohazy Fajardo Rivas se negó a abandonar la batalla judicial.
El 13 de octubre de 2026, una corte federal de apelaciones estadounidense le dio un giro a su expediente al anular una resolución migratoria que impedía reexaminar sus nuevas pruebas.
La decisión obliga a las autoridades migratorias a reconsiderar un caso atravesado por la violencia familiar y las amenazas de una pandilla hondureña.
De interés: Tras una década de espera, exdiputada hondureña deja EE. UU. tras rechazo de asilo
Asilo y una familia marcada por dos tragedias
La historia comenzó en Honduras, donde la Pandilla 18 operaba en el vecindario de Fajardo Rivas y su familia.
Su cuñado, Geovanny, se enfrentó abiertamente a la organización criminal porque quería expulsarla de la comunidad.
El 2 de abril de 2015 lo asesinaron a tiros en plena calle y apenas un mes después, cuatro hombres que se hicieron pasar por policías irrumpieron de madrugada en la vivienda de la hondureña.
Los desconocidos aseguraron que tenían una orden de captura contra su esposo, Jorge, y se lo llevaron bajo amenazas.
Fue así como acudió a denunciar el secuestro, convencida de que podía estar relacionado con el asesinato de su cuñado.
Esperaban que los secuestradores establecieran contacto o exigieran un rescate, pero nunca recibieron noticias de él.
Con el paso del tiempo, la familia terminó suponiendo que había muerto.
Huyó de Honduras con su hija de tres años
El temor a convertirse en el siguiente objetivo llevó a Jenyfer a abandonar Honduras junto a su pequeña hija, entonces de tres años.
En Estados Unidos solicitó protección internacional, argumentando que su vida estaba en peligro por pertenecer a la familia de su esposo.
Presentó documentos relacionados con la muerte de su cuñado, la denuncia del secuestro y declaraciones de sus familiares.
El juez migratorio consideró creíble su testimonio, pero determinó que las pruebas no demostraban suficientemente una persecución que protegiera la legislación estadounidense.
La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó la decisión y así comenzó una batalla para conseguir que las autoridades examinaran la relación entre las amenazas, los hechos violentos y los vínculos familiares.
Las amenazas que cambiaron el expediente
Cuando parecía que su solicitud llegó a un callejón sin salida, aparecieron nuevas amenazas contra Fajardo Rivas y su hija.
Según los documentos presentados, presuntos integrantes de la Pandilla 18 entregaron mensajes intimidatorios a su madre, quien permanecía en Honduras.
Los desconocidos llamaron "soplona" a la hondureña, aparentemente por denunciar ante las autoridades la desaparición de su esposo.
También amenazaron con matar a quienes se negaran a revelar dónde podían encontrarla.
La mujer presentó las notas, una denuncia policial y declaraciones juradas para solicitar la reapertura del procedimiento.
El 4 de agosto de 2022, la Junta rechazó la petición y aunque esa decisión se anuló posteriormente por una Corte federal, el 28 de febrero de 2025 la autoridad migratoria volvió a negarse a reabrir el expediente.
La hondureña llevó nuevamente su reclamo ante la justicia federal.
La familia, una pieza clave para obtener protección
La controversia no era solamente si la hondureña recibió amenazas, sino por qué la amenazaron.
La legislación estadounidense permite solicitar asilo cuando existe persecución relacionada con determinadas características protegidas, incluida la pertenencia a un grupo social particular.
En determinadas circunstancias, una familia puede constituir ese grupo y las autoridades migratorias consideraron que las amenazas contra Jenyfer respondían a un conflicto personal o a su denuncia ante la policía.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito encontró problemas en esa interpretación.
La hondureña denunció el secuestro precisamente porque la víctima era su esposo, y las amenazas también alcanzaban a su hija y otros familiares.
Para los magistrados, las autoridades no valoraron adecuadamente la relación entre los hechos violentos y la pertenencia de la solicitante a su familia.
Ese razonamiento abrió una nueva posibilidad para el expediente de asilo para hondureños, aunque sin garantizar que la protección migratoria finalmente se conceda.
Qué resolvió la Corte estadounidense
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito concedió la petición de revisión presentada por la hondureña, anuló la decisión de la Junta y devolvió el caso para nuevas actuaciones.
El tribunal consideró que las nuevas pruebas debían examinarse teniendo en cuenta la historia familiar completa, y no como acontecimientos aislados.
La resolución representa una victoria procesal importante para la hondureña, pero no constituye una concesión definitiva de asilo.
Ahora corresponde a las autoridades migratorias reconsiderar el expediente conforme a lo establecido por los magistrados.
Un fallo que va más allá de una familia
El caso muestra la importancia que pueden adquirir los vínculos familiares en las solicitudes de protección internacional cuando huyen de amenazas.
También evidencia que una decisión migratoria adversa puede ser revisada judicialmente cuando existen fundamentos para cuestionar la valoración de las pruebas.
No obstante, el fallo no establece que todos los familiares de víctimas de pandillas tengan derecho automático a recibir asilo.
Cada solicitud debe examinarse conforme a sus circunstancias y a los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
Para la hondureña, el resultado significa que su historia deberá volver a ser escuchada por las autoridades migratorias.
Después de perder el rastro de su esposo, abandonar Honduras con su hija y enfrentar años de procedimientos judiciales, consiguió que una Corte federal ordenara reconsiderar su solicitud.
Jenyfer no gana todavía el asilo, pero sí consiguió que dos rechazos no fueran la última palabra sobre su futuro.
Lea también: EE. UU. cerró 7,606 casos de asilo y señaló a Honduras como destino
