Una serie de ataques armados contra establecimientos comerciales encendió las alarmas en Escuintla, Guatemala, luego de que sujetos en motocicletas dispararan contra varios negocios y supermercados en la zona.
Los hechos quedaron registrados en videos que posteriormente se han viralizado en redes sociales en el vecino país.
En las imágenes se observa a los extorsionadores disparando sus armas a plena luz del día contra los comercios, en medio de las amenazas relacionadas con el cobro de extorsiones en la zona.

Ante el temor por nuevos ataques, varios comerciantes optaron por cerrar sus establecimientos. La decisión busca proteger tanto a trabajadores como a clientes mientras aumenta la presencia de las autoridades en la zona.
Autoridades realizan operativos contra extorsionadores
La Policía Nacional Civil (PNC) respondió al incremento de la violencia con un despliegue de agentes en puntos estratégicos de Escuintla. Los operativos se concentran en las zonas 1, 3 y 5, con respaldo del Ejército Nacional.
Las fuerzas de seguridad también realizan requisas dentro de centros carcelarios para determinar si desde esos lugares se estarían coordinando las acciones contra los comerciantes. La medida pretende cortar posibles órdenes dirigidas desde las prisiones.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan identificar a los responsables de los ataques y reunir pruebas que permitan llevarlos ante un juez. El objetivo es establecer quiénes están detrás de las amenazas y los hechos armados que mantienen en alerta a los negocios.
Extorsión también mantiene en alerta a comerciantes hondureños
En Honduras, la extorsión continúa afectando a comerciantes y pequeños negocios. En junio, la Policía Nacional reportó la captura de dos presuntos pandilleros que cobraban dinero a pequeños comerciantes y transportistas del Valle de Amarateca bajo amenazas de muerte.
La presión también ha llegado al punto de provocar cierres y cambios de ubicación. En julio, representantes de colegios privados denunciaron que algunos centros educativos habían cerrado o trasladado sus operaciones debido a amenazas y cobros extorsivos.
Además, una investigación del Ministerio Público vinculó a presuntos miembros de la Pandilla 18 con cobros a comerciantes de una plaza y con la planificación de atentados armados contra quienes se negaban a pagar.
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