Las voces indígenas de Guatemala resisten ante la criminalización y persecución política actual. Tras su rol decisivo en la defensa de la democracia durante la crisis de 2023, los líderes ancestrales de los pueblos mayas enfrentan una ofensiva judicial por parte de la Fiscalía de su país.
A través de testimonios clave desde Santiago Atitlán, se analiza la persistente lucha de las comunidades frente a un sistema que históricamente ha intentado silenciarlas. Se conecta el contexto guatemalteco con el interés regional en Centroamérica sobre derechos humanos y libre determinación de los pueblos originarios.
Juan Mendoza tiene 55 años y habla en idioma tz’utujil. Él es la principal autoridad ancestral de Santiago Atitlán, en Sololá. Diego Petzey tiene 35 años, es el escribano del pueblo y traduce sus palabras.
Mendoza denuncia una paradoja nacional. Guatemala está construida sobre el trabajo del 43.75% de población indígena. A pesar de esto, el Estado sigue marginando a los 22 pueblos mayas, a los xincas y a los garífunas.
El líder indígena explica que el pueblo se levantó en 2023 para exigir derechos legales. Su intención no era hacer daño. La respuesta de la fiscalía ha sido persecución, investigaciones, amenazas de captura y allanamientos.
La persecución no es solo por convocar al paro nacional. Las autoridades indígenas también defienden el lago Atitlán de la contaminación y de usos ilegales. Al principio, el Ministerio Público les prometió apoyo, pero luego inició los ataques judiciales.
Santiago Atitlán tiene 60 mil habitantes. Es el municipio más grande a las orillas del lago. El pueblo es famoso por sus tradiciones y su veneración a Rilaj Mam, conocido por los mestizos como Maximón.
En su altar, Mendoza guarda elementos que respaldan su autoridad ancestral. Hay imágenes de San Sebastián, San Juan, San Antonio, una virgen de la Asunción y cuatro Cristos. También resguardan la Caja Real de Santiago Atitlán.
Este cofre guarda documentos originales de 1852. Esos textos dan a los tz’utujiles la propiedad de sus tierras ancestrales tras conflictos con el gobierno de Rafael Carrera. Además, conservan un acta histórica de 1990.
En 1990, la comunidad entera firmó para exigir la expulsión del Ejército. Guatemala estaba en plena guerra civil. Diez años antes, los militares cometieron un genocidio contra los ixiles a solo 90 kilómetros de ahí.
Diego Petzey cuenta que el 1 y 2 de diciembre de 1990 ocurrió una masacre en el municipio. El pueblo respondió organizándose en asambleas y recolectando firmas. Rodearon el destacamento militar durante siete días y le negaron alimentos.
La estrategia comunitaria funcionó. Se acordó el retiro de las tropas. Desde ese año, el Ejército no ha vuelto a ingresar a este territorio ancestral. La memoria de esa victoria sigue viva en la identidad local.
Cinco siglos de fuego
La historia de los pueblos originarios está marcada por el castigo, el desplazamiento y la resistencia. En 1524, Pedro de Alvarado mandó a quemar vivos a los señores k'iche' y esclavizó a otros líderes mayas.
La antropóloga Aura Cumes es académica kaqchikel nacida en Comalapa, Chimaltenango. Ella explica que el modelo colonial actual solo acepta a los indígenas bajo condiciones de servidumbre. Cuando esa servidumbre se rompe, el Estado activa la criminalización.
Este patrón represivo se repite en la historia nacional. En 1820, Atanasio Tzul lideró un levantamiento en Totonicapán. Asumió el poder político por 28 días y declaró la independencia un año antes que los criollos. La corona española acalló la rebelión con cárcel y torturas.
Durante la Reforma Liberal de 1871 y el conflicto armado interno las estrategias fueron brutales. El Estado utilizó violencia extrema, castigos colectivos, secuestros, torturas y violaciones de mujeres.
La doctora Irma Alicia Velásquez Nimatuj es activista k’iche’. Ella asegura que hoy la represión viene de los tribunales de justicia. Califica la situación actual como un nuevo colonialismo jurídico.
Las cortes usan las leyes y el lenguaje de seguridad para domesticar a los pueblos. Buscan destruir a la única fuerza social capaz de frenar la restauración autoritaria en Guatemala.
Existe un consenso total en la sociedad civil guatemalteca, tanto indígena como ladina. Solo la movilización masiva de los pueblos originarios impidió en 2023 que se anularan ilegalmente las elecciones.
Decenas de países y organismos internacionales denunciaron los intentos del Ministerio Público (MP) por evitar la toma de posesión del ganador, Bernardo Arévalo. Sin embargo, las presiones internacionales no daban resultados.
Ante esto, los 48 Cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá, los grupos ixiles de Nebaj y Chajul, y el Parlamento Xinca actuaron. Decretaron un paro nacional simultáneo y cortaron carreteras en todo el país. La política y la economía se estremecieron.
Por 106 días ininterrumpidos, manifestantes pacíficos cercaron la sede central del MP. Exigían que se respetara el voto ciudadano y la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Los manifestantes lograron que se respetara el resultado electoral. Sin embargo, Consuelo Porras se mantuvo en el cargo, blindada por la élite política tradicional más corrupta. Esta élite controla la columna vertebral del sistema de Justicia.
Desde la llegada de Porras al cargo en 2018 y el cierre de la CICIG en 2019, un centenar de fiscales, jueces independientes, activistas y periodistas han enfrentado la cárcel o el exilio. Ahora, una docena de líderes indígenas se han unido a esa lista de perseguidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las acciones de la fiscalía. Acusa al MP de corrupción y falta de independencia. Denuncia el uso de delitos ambiguos, abuso de prisión preventiva y reserva arbitraria de casos.
El presidente Arévalo denunció la persecución como un ataque contra la democracia, pero los arrestos continuaron. Luis Pacheco, expresidente de 48 Cantones y viceministro de Desarrollo Sostenible, está preso desde abril de 2025.
Junto a él fue encarcelado Héctor Chaclán, extesorero de la organización. En enero de 2026, la policía detuvo a Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones. A todos se les acusa de asociación ilícita y terrorismo por convocar al paro.
Irma Alicia Velásquez califica esto como una paradoja. Los mismos pueblos que salvaron la democracia ahora son tratados como una amenaza. Explica que esto es un patrón cíclico de violencia extrema para someter moral y políticamente a los rebeldes.
La antropóloga denuncia que es un regreso a las lógicas del conflicto armado interno. El sistema busca quebrar el tejido comunitario. Envían un mensaje disciplinador: participar en política puede costar la cárcel, la salud y la vida.
Quién está detrás de los líderes
La alcaldesa Engracia Reina Mendoza tiene 52 años. Viaja constantemente entre Chajul y Nebaj por carreteras deterioradas. Viste la indumentaria tradicional de Chajul y usa un tocoyal sobre su cabeza.
Mendoza lleva aretes hechos con monedas de veinticinco centavos de plata. En ellas destaca la efigie de Concepción Ramírez, la mujer tz'utujil considerada un icono nacional en 1959. En su mano derecha sostiene su vara de mando como Principal de Chajul, un cargo que antes solo ocupaban hombres.
La líder aclara que ninguna intervención externa ni ONG inició las protestas de 2023. La gente llegó directamente a la alcaldía indígena a preguntar qué acciones tomarían. La urgencia y presión comunitaria forzó el consenso entre municipios.
Mendoza explica que las comunidades coordinan sus propias salidas en grupos compactos. La autoridad indígena es solo un eje que articula la voluntad colectiva. Roselia de León, lideresa de Chajul, agrega que las organizaciones de la región Ixil ya venían trabajando juntas desde el conflicto armado.
Por esta razón, la estructura organizativa ya existía y solo tuvieron que activarla. Las comunidades acompañaron a los líderes a la capital para exigir el respeto al voto. Mendoza aclara con firmeza: “Yo no voté por Bernardo y tampoco salimos por él; salimos por la decisión del pueblo”.
Durante las marchas, mantuvieron un monitoreo constante para identificar a personas extrañas. Mendoza denuncia que detectaron encapuchados que buscaban generar conflictos para culpar a los indígenas.
Roselia de León explica que participar como colectivo es su forma de protegerse del Estado. La comunidad funciona como un escudo. Si se identifican como un todo, evitan la exposición individual y la fiscalía no puede señalar a una sola persona.
A pesar de la protección colectiva, la alcaldesa Mendoza recibió amenazas de audio desde números desconocidos. Su familia le pidió que no denunciara por seguridad. Su respaldo actual es puramente familiar y comunitario; ninguna institución del Estado la apoya.
Mendoza admite sentir temor porque su nombre circula en listas de captura secretas. A pesar de eso, promete seguir luchando. Advierte que si el MP llega de sorpresa a las seis de la mañana no podrán hacer mucho, pero si tienen información previa, el pueblo se levantará.
En la Alcaldía Indígena de Nebaj, las autoridades son más cautelosas tras celebrar una asamblea a puerta cerrada. Reconocen que el escenario cambió y que la movilización sigue siendo una opción, pero bajo otros términos.
Catarina Terraza, tercera alcaldesa de Nebaj, muestra desconfianza al pedirle fotografías y nombres por miedo a la criminalización. Junto a ella están Gabriel de Paz (primer alcalde), Pedro Pérez Cobo (principal), Vicente Brito (tercer alcalde) y Petrona Guzaro (cuarta alcaldesa).
Tres autoridades ixiles de Nebaj tuvieron que huir del país por miedo a ser arrestadas: Diego Ceto, Pablo Ceto y Miguel Ceto. Feliciana Herrera, la alcaldesa principal, ya enfrenta un caso judicial bajo reserva.
Vicente Brito confiesa que sienten miedo, pero afirma que si dejan de luchar no avanzarán. Recuerda la historia de su municipio en 1936, cuando los siete Principales de Nebaj fueron fusilados por el poder político.
El alcalde Gabriel de Paz compara la persecución actual con los tiempos del conflicto armado. Explica que la falta de masacres los alegra un poco, pero la persecución judicial los pone tristes. Promete participar hasta el final: "Vamos a morir por la verdad y no por ser ladrones".
De Paz denuncia el olvido sistemático del Estado en la región Ixil. No hay desarrollo, salud ni educación. Las carreteras entre Quiché, Chajul y Cotzal están totalmente abandonadas. Las promesas del gobierno central nunca se cumplen en el territorio.
Guatemala busca un cambio, pero las dinámicas de exclusión continúan. Leonel Ceto tiene 35 años y es hijo del exiliado Diego Ceto. Él explica que el apoyo económico para los perseguidos no viene de estructuras formales, sino de redes individuales y de aportes que nacen del corazón.
Las autoridades de Nebaj advierten que volverán a las calles si es necesario, pero de forma distinta a 2023. Sienten que marcharon pacíficamente, pero no fueron escuchados. Engracia Mendoza coincide en que se moverían de nuevo, pero aplicando otra estrategia comunitaria.
Esquivar la injusticia
La oficina del abogado Juan Castro es itinerante debido a los riesgos. Él integra el Bufete para Pueblos Indígenas y defiende a Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Viaja constantemente de departamento en departamento para desmantelar lo que llama “la doctrina de las medias verdades”.
Castro explica que la estrategia de la fiscalía consiste en no mentir sobre los hechos reales, sino sobre su intención. El abogado detalla que es verdad que hubo protestas y medidas de hecho en 2023, pero es falso que esos actos constituyan un delito.
Para este abogado chalchiteko, la labor legal también es una responsabilidad política. Debe luchar contra un racismo estructural que mira la vara de mando indígena con sospecha y que entiende la organización comunitaria como una amenaza directa al Estado.
Castro afirma que el fraude jurídico reside en la etiqueta penal que usa el MP. Lo que para la Constitución es el derecho a la resistencia, para el fiscal es un crimen de terrorismo. El abogado realiza un análisis de riesgo quirúrgico para saber cuándo la amenaza es real y cuándo busca forzar el exilio.
La abogada k'iche' Lucía Xiloj también defiende a Puac, Pacheco y Chaclán. Ella denuncia que los cargos del MP equiparan la organización social indígena con una asociación ilícita. La mayoría de los líderes enfrentan cinco delitos: asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, obstrucción a la justicia, terrorismo y sedición.
En el caso de Basilio Puac, la abogada logró que el juez eliminara el delito de terrorismo, pero enfrentará los otros cuatro cargos. Xiloj explica que el MP no busca sentencias rápidas, sino un control burocrático que desgaste la moral del procesado para neutralizar su liderazgo.
Juan Castro denuncia una criminalización a cuentagotas y la filtración selectiva de información. Existe el rumor permanente de que hay hasta 1,200 órdenes de captura firmadas y secretas contra activistas, periodistas y líderes indígenas. Esto opera como guerra psicológica.
Lucía Xiloj añade que su acompañamiento legal es ante todo humano. Implica escuchar las necesidades de las comunidades y revisar los escenarios judiciales en conjunto. Debido a su trabajo de defensa, ella también sufre estigmatización constante y vigilancia en redes sociales.
Diego Petzey recuerda que a finales de 2023 supo de un expediente abierto en su contra por coordinar las marchas en Santiago Atitlán. El caso quedó en pausa por falta de pruebas, pero se reactivó y fusionó con nuevas denuncias cuando los líderes retomaron visibilidad en 2024.
Petzey se enteró de la reactivación de su caso mientras estaba en España en un curso de derechos humanos. Una fuente del Ejecutivo lo llamó para advertirle que considerara no regresar a Guatemala, pero el líder decidió volver para defender su territorio e identidad.
El escribano denuncia que las resoluciones del Organismo Judicial no se ajustan al derecho cuando juzgan a indígenas. Como ejemplo, cita una audiencia de octubre del año pasado por retirar 235 jaulas ilegales de cultivo de tilapia en el lago Atitlán.
Se les acusaba de desobediencia, instigación a delinquir y asociación ilícita. Casi once mil personas marcharon en las calles del municipio en solidaridad con sus líderes. Esa demostración de fuerza colectiva cambió la correlación de fuerzas ante el juzgado.
En esa ocasión, la jueza desestimó los cargos por falta de delito. Sin embargo, los líderes siguen sufriendo difamación en redes. En septiembre aparecieron mantas con amenazas de muerte y casquillos de bala en Santiago Atitlán, pero la fiscalía no investiga las denuncias.
Petzey asegura que el juez ya firmó nuevas órdenes de captura y allanamiento contra ellos, pero el MP aún no las ejecuta. Juan Mendoza afirma que no temen porque mantienen comunicación con sus ancestros, encienden velas y piden fuerza a la tierra.
Mendoza critica a los funcionarios de la capital que aumentan impuestos y endeudan al país para beneficio propio, mientras las comunidades solo exigen lo que por ley les corresponde. Respecto al gobierno de Arévalo, la relación es fría y distante.
En enero de 2025, las autoridades de Santiago Atitlán pidieron una audiencia formal en la Secretaría Privada de la Presidencia, pero nunca obtuvieron respuesta. Tampoco han sido incluidos en los espacios de diálogo del Ejecutivo con los pueblos indígenas.
Petzey concluye que las estructuras del Estado mantienen sus dinámicas de exclusión sin importar quién gobierne. A las orillas del Atitlán la tensión sigue alta. Los vecinos advirtieron que si los fiscales entran a la fuerza a capturar a sus líderes, no los dejarán salir del territorio.
La lucha que nunca acaba
Diego Ceto tiene 66 años, es autoridad ancestral maya ixil y contador del tiempo maya. Vive exiliado, pero coordina esfuerzos con otros desplazados bajo el nombre de “Colectivo de autoridades ancestrales y personalidades mayas en el exilio”.
Ceto defiende la participación indígena en las elecciones y protestas de 2023. Explica que, aunque la democracia estatal sea ajena, las leyes del Congreso y las decisiones del Ejecutivo afectan directamente a sus territorios e infraestructura local.
El líder recuerda que en 2023 también defendían las alcaldías y diputaciones locales. Además, los ixiles ya se habían manifestado cuando el Tribunal Supremo Electoral excluyó arbitrariamente a la candidata presidencial mam Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Ceto lamenta que hoy existan más de 200 autoridades perseguidas bajo cargos de terrorismo solo por levantar la voz. Recuerda que durante la guerra interna el Ejército también los acusaba de ser subversivos por la misma razón.
La organización maya ixil tiene un historial de victorias colectivas. En la última década lograron detener tres proyectos de hidroeléctricas en sus territorios porque las empresas violaron el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa.
También impulsaron el histórico juicio por genocidio que en 2013 condenó al exdictador Efraín Ríos Montt. Ceto afirma que la posterior anulación del juicio por tecnicismos de la justicia ordinaria no borra el hecho de que se supo la verdad ante el mundo.
Ese juicio provocó un contraataque jurídico de las fuerzas conservadoras que se conecta con la persecución actual. Ceto afirma que el exilio no es la muerte y que las nuevas generaciones mantendrán viva la memoria para las elecciones de 2027 y los cambios estructurales futuros.
Una lideresa indígena, cuyo nombre se mantiene en reserva para evitar represalias contra su familia en Guatemala, relata desde su exilio en Ciudad de México el dolor del destierro. Huyó tras la captura de Luis Pacheco, cuando le avisaron que estaba en una lista del MP.
La mujer pasó semanas escondida en casas de seguridad detrás de tres puertas con llave antes de viajar a México. Debido al peligro, no pudo acompañar a su padre durante una cirugía de urgencia. Hombres extraños llegaron a buscarla a su domicilio antes de su huida.
En México enfrentó una fuerte depresión. Para sobrevivir, vende comida tradicional guatemalteca como chuchitos, paches y enchiladas. Sin embargo, sus ingresos no bastan para pagar su renta ni para enviar dinero a sus padres, quienes dependen de la solidaridad comunitaria.
La lideresa lamenta que en 2024 algunas de sus autoridades locales les dieron la espalda por intereses personales, pero celebra que en 2026 se ha reactivado la comunicación y el respaldo hacia los compañeros encarcelados y exiliados.
Por su parte, Luis Pacheco y Héctor Chaclán permanecen en un pequeño cuarto de cuatro metros cuadrados en el centro de detención preventiva Mariscal Zavala. Comparten una celda separada con dos camas y una mesa, junto a un baño sin puerta.
Llevan más de un año presos desde su captura el 23 de abril de 2025. Los agentes policiales los trasladaron en una panel blanca, un vehículo que tiene un fuerte impacto psicológico porque en los años 80 la Guardia de Hacienda lo usaba para desaparecer disidentes políticos.
Pacheco defiende las protestas y afirma que la cárcel es parte de su servicio comunitario ad honorem. Asegura que los pueblos detuvieron un golpe de Estado tras el secuestro de las papeletas de votación por parte de la fiscalía.
Héctor Chaclán inscribe su detención en la larga historia de opresión estatal que comenzó desde el levantamiento colonial de Atanasio Tzul. Durante la entrevista, dos guardias penitenciarios encapuchados entran para tomarles fotografías oficiales antes de retirarse en silencio.
Tras trece meses presos, los exdirigentes de los 48 Cantones aún esperan su primera audiencia debido al uso excesivo de recursos procesales por parte del MP. El encierro prolongado ha destruido su salud física.
Pacheco perdió dos dientes por bruxismo, perdió el cartílago de las rodillas y sufre una contracción muscular crónica en la espalda. Chaclán perdió el oído derecho, tiene problemas en los ojos y se le fracturaron dos muelas.
A pesar de los daños físicos, ambos líderes leen y discuten de política en su celda. Pacheco, cuyo cargo de viceministro está suspendido por el encarcelamiento, asegura que la crisis del país no se cura en cuatro años y promete seguir luchando de forma no partidaria al salir.
