En su gentil “tweet” debajo, el buen amigo y acucioso analista de la realidad nacional, Eduardo Facussé, resumía como buen “microblogger”, su sentir sobre nuestra visión económica de los derechos garantizados en la Constitución de la República.

En efecto, el análisis multidisciplinario de las leyes busca aplicar instrumentos validados por las ciencias sociales para llegar a modelos sobre las conductas que las normas legales provocan en los seres humanos como sujetos regulados, llegando a conclusiones pragmáticas en la mayoría de los casos.

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Sin embargo, un campo que presenta desafíos muy interesantes es la conducta de los actores políticos como creadores y ejecutores de las políticas públicas, sobre todo en el proceso legislativo, y su elección como representantes del pueblo. Ello dado que en este tema la economía confluye con las ciencias políticas, campo en el cual se confía mucho en las encuestas y el comportamiento “ideológico” de las personas, llegando muchas veces a conclusiones menos pragmáticas de lo deseado.

                Esta interacción de la economía y la ciencia política para modelar el proceso legislativo y las elecciones es lo que ha dado a llamarse en inglés el movimiento “Public Choice”, o de Elección Pública, mismo que se estructura a partir de las ideas del Premio Nóbel en economía de 1986, James M. Buchanan. La influencia importantísima de este movimiento en el análisis económico del derecho se centra principalmente en sus explicaciones sobre el proceso legislativo como el creador de las leyes, pero su parte más interesante es la visualización de el “mercado electoral”, uno en el cual los partidos políticos y sus candidatos en efecto trascienden esa visión de “instituciones de derecho público para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos” en nuestra Constitución para convertirse en verdaderas empresas en franca competencia por el voto del electorado.  

                Esta visión explica mucho del comportamiento estratégico de los actores políticos en temas como el sistema de votación, el voto por mayoría simple y ahora la tan controvertida segunda vuelta electoral, como mecanismo para elección del Presidente de la República. Esta propuesta, que ya lleva algún tiempo siendo analizada, se ha presentado desde nuestro punto de vista únicamente desde la visión política; o sea, que con su implementación se lograría un gobierno electo con el apoyo de la mayoría efectiva del electorado. Sin embargo, como suele suceder en Honduras, los analistas se olvidan de utilizar las herramientas económicas para este análisis, las que conducen precisamente a los postulados de la economía de la Elección Pública.

                El primero de estos postulados es que el votante no exhibe una conducta racional al momento de ejercer el sufragio, principalmente porque cuando se vota uno lo hace con la convicción que su voto es indiferente, toda vez que el mismo no será el voto que decida la elección. O, como lo han catalogado los economistas, una muestra de conducta irracional a sabiendas, o tomada racionalmente.

Este resultado precisamente se produce porque las elecciones generalmente se deciden por simple mayoría, sin que en efecto exista un voto decisor. Por ello el “votante independiente” (en la jerga económica, “median voter”) no tiene el incentivo para informarse debidamente a efecto de emitir un voto consciente, ya que perfectamente puede determinar que como su voto no decide la elección, sus costos de informarse exceden a sus beneficios percibidos.

La decisión de la elección por simple mayoría de esta manera lleva a otro de los postulados de este análisis económico: las elecciones por simple mayoría son menos costosas, pero en términos de beneficios no son eficientes, porque generan voto con baja información y a un claro perdedor. Esta situación necesariamente confirma nuevamente porqué existe el llamado votante independiente, que al considerar que con su voto no quedará conformada la simple mayoría, en la que habrá seguramente un claro perdedor (a nadie le gusta perder en política), no se identifica de inicio con ninguno de los postulantes en la elección.

La diferenciación clara del votante independiente en el sistema electoral actual en Honduras se confirma con la institución de las elecciones primarias, en las que con toda claridad únicamente comparece el llamado “voto duro” afín a cada uno de los partidos, por lo que cabe concluir que los candidatos electos en dichas elecciones primarias generalmente representan los extremos ideológicos opuestos, y no al votante independiente. Es por ello que la conducta reciente del votante de abstenerse de votar en elecciones primarias y generales, abstencionismo que en Honduras básicamente está entre un 35 a 50 por ciento, queda confirmada como una variante de este modelo económico, al quedar claro que dicho votante identifica que los candidatos electos en elecciones primarias representan el “voto duro” de cada partido, muchas veces los extremos ideológicos, y como percibe que su voto no decide la elección se abstiene de votar.

Ahora bien, si se introduce en el modelo la idea que, si un candidato no obtiene una mayoría arriba del cincuenta y uno por ciento en una elección por simple mayoría debe ir a una segunda vuelta electoral, cabe concluir que los candidatos en efecto estarían incentivados a atraer el voto independiente con propuestas concretas para lograr ese cincuenta y un por ciento de una vez, en efecto supliendo esa conducta de dicho votante de ser racionalmente irracional.            

Por lo anterior, y visto desde esta perspectiva, la segunda vuelta electoral a lo menos genera el incentivo para que los candidatos en efecto vean como estratégica la incorporación efectiva a la elección del votante independiente o “median voter” dentro del sistema multipartidista que ahora experimenta Honduras, para lograr un gobierno con el apoyo efectivo de la mayoría. De nuevo, bajo el modelo aludido aún los candidatos que califiquen para la segunda vuelta tienen el mismo incentivo de atraer al votante independiente con propuestas concretas, que abandonen las posiciones “ideológicas” de las elecciones primarias o la primera vuelta electoral. Si ello es suficiente para que dicho votante considere que, aún y con la decisión de la elección por simple mayoría, su voto es necesario para conformar la decisión será sabido. Pero desde nuestra perspectiva es un experimento que valdría la pena implementar solo por el hecho que podría representar el abandono de la posición abstencionista que se ha vuelto racionalmente irracional para muchos ciudadanos.

                Continuaremos ahondando en el análisis de la conducta estratégica de los actores económicos y sus implicaciones legales en Honduras en la próxima EconoVISTA…