Los que proponemos que continuar analizando los temas jurídicos y de políticas públicas, únicamente desde la visión abstracta de justicia y equidad, no es del todo adecuado para la toma de las mejores decisiones, encontramos que la expresión  popular (ahora hashtag) “#dóndeestáeldinero?” precisamente nos coloca en el lugar indicado para discutir la naturaleza económica de los derechos que se pretenden garantizar en nuestras leyes.

Aunque sabemos que la población se hace la pregunta desde la perspectiva de denunciar posibles actos de corrupción gubernamental en esta época de pandemia, no es menos cierto que esta expresión popular liga el ejercicio de los derechos, como el de la salud con el dinero que se debe invertir para ejercerlos y garantizarlos.

Cuando se nos enseña sobre los derechos que tenemos como ciudadanos en todas las etapas de nuestra formación, desde las asignaturas de moral y cívica en el colegio, hasta las cátedras de Derecho Constitucional en las facultades de Derecho; la visión es que todos somos iguales ante la ley y que únicamente el bien común limita el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, que en la esfera individual nuestros derechos son absolutos.

Las discusiones sobre el tema terminan centrándose inevitablemente en la definición del bien común y en el ejercicio de los derechos frente a ese gran paraván que es el poder del Estado. Esa visión abstracta del ejercicio de los derechos, impulsada desde la perspectiva de lo que es “justo” frente al todopoderoso Estado, paradójicamente conduce a que los ciudadanos se distraigan de lo que realmente es importante: ¿cómo se asignan los recursos económicos del mismo Estado para que se puedan ejercitar y garantizar esos derechos? Y es que cuando introducimos en el análisis la escasez de recursos y las limitaciones presupuestarias que en un país pobre como el nuestro condicionan el ejercicio y la garantía de los derechos en general, debemos concluir que los derechos individuales no son absolutos.

El tema ya se ha analizado por los juristas, siempre desde la perspectiva del goce y ejercicio de los derechos frente al poder. Basta con recordar aquella famosa tesis de las garantías ilusorias en la Constitución de la República que nos conducía a diferenciar entre goce y ejercicio del derecho y a tener finalmente que aceptar que los derechos garantizados en la Constitución no son eficaces sin el famoso concepto abstracto de la “voluntad política” del aparato estatal. Ese concepto tan trillado de “falta de voluntad política” que quizás se vio “objetivado” alguna vez en aquella infame frase “la Constitución es pura babosada”. Con todo y ello en general seguimos manejando el tema desde la misma perspectiva, es decir, que nuestros derechos en la esfera individual no son absolutos porque el aparato estatal no crea las condiciones legales o sociales para que su ejercicio sea eficaz en la realidad.

Esta perspectiva es puesta en discusión por los profesores Cass Sunstein y Stephen Holmes en su provocadora obra “The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes”. Sunstein y Holmes, en su paso por diferenciar entre el goce y ejercicio de distintos derechos fundamentales según fallos judiciales de casos emblemáticos en Estados Unidos, concluyen que la naturaleza absoluta de los derechos en la esfera individual proviene principalmente de la capacidad económica de ejercitarlos. Arguyen para llegar a tal conclusión, que frente al Estado esa capacidad económica no es otra que la asignación de recursos presupuestarios para lograr el ejercicio efectivo de tales derechos, recursos que claramente provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Tal análisis contiene ramificaciones harto interesantes, que inclusive obligan al análisis de las técnicas presupuestarias que en efecto tomen en cuenta lo que cuesta ejercitar los derechos y no únicamente el costo “histórico” de los mismos, pero que al final derivan en una realidad interesante desde todo punto de vista: la naturaleza de los derechos debe definirse en términos económicos, es decir, en el costo que tiene para la sociedad garantizar su ejercicio efectivo.

 Los autores en la obra citada claramente determinan que situar el análisis de la naturaleza de los derechos fundamentales en cuánto cuesta ejercitarlos, es algo que desdeñan los políticos desde las distintas posturas ideológicas. A la izquierda demagógica, que promete el cielo y la tierra, no le conviene aceptar que los derechos requieren de dinero para ser efectivos ya que los coloca en la posición de tener que justificar presupuestariamente  esas promesas. Y a la derecha conservadora, que defiende el proyecto económico liberal, no le conviene aceptar la idea que su aparato económico no genera el suficiente producto interno para garantizar todos los derechos fundamentales, que siempre creen absolutos. Entonces, argumentan finalmente estos autores, el término medio es aceptar que el ejercicio de los derechos cuesta dinero, definir los mismos en términos económicos y no abstractos de justicia y equidad, y ponerse a trabajar en presupuestos efectivos que deriven verdaderamente del producto interno del país.

Por todo ello, dejando a un lado el tema de corrupción y su carga ideológica, es factible contestar al hashtag “#dóndeestáeldinero?”: el dinero está en un Presupuesto General de Ingresos y Egresos visto como herramienta de desarrollo y basado en el Producto Interno Bruto del país, que al final es el que debe determinar la carga impositiva. Mientras no adoptemos la visión correcta de nuestros derechos fundamentales, que es la económica, los mismos seguirán siendo absolutos solo en el papel. Creemos que bien hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en solicitar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para, entendemos, proponer uno con la visión económica correcta de los derechos fundamentales. Sería un paso histórico para el desarrollo del país en este contexto tan inusual, que requiere pensar fuera de la caja, y contestaría en nuestra opinión a ese ahora famoso hashtag de forma contundente.

Continuaremos ahondando en el análisis de los costos de los derechos y sus implicaciones legales en Honduras en la próxima EconoVISTA…