Uno de los lastres de Honduras ha sido el alto endeudamiento en que ha caído y que ha llegado a niveles insostenibles, aunque las autoridades del país se niegan a admitir tal extremo.

Los informes oficiales subrayan que la Administración Central cargaba, hasta hace unos meses, con un endeudamiento público de un poco más de 13,000 millones de dólares, equivalente al 54 por ciento del Producto Interno Bruto.

Mientras el Gobierno sostiene que ha existido un manejo prudente de los recursos comprometidos, los expertos de organismos dedicados al estudio de las finanzas públicas han alertado acerca de los altos niveles de endeudamiento que alcanza Honduras.

En contraposición con lo que han expuesto los funcionarios a cargo de la defensa del discurso gubernamental, lo cierto es que hemos asumido empréstitos muy por encima de nuestra capacidad de pago y fuera de nuestros márgenes de prudencia crediticia.

Honduras ha retrocedido unos 29 puntos en materia de competitividad y la inversión extranjera directa se ha reducido más allá del 48 por ciento en que había caído al cierre de 2019.

Las actividades de la empresa privada y de la industria están en la cuerda floja y, en general, no existe un panorama satisfactorio para recuperar la economía y reactivar el aparato productivo sometido a un impacto demoledor por la crisis sanitaria y los eventos climáticos de 2020.

La deuda pública ha representado para nuestro país una carga cada vez más pesada, un valladar para el crecimiento económico de Honduras y un estigma para la población sumida en las peores condiciones sociales.

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La situación de la mayoría de nuestra gente no podía ser más deplorable. El índice de desarrollo humano de Honduras es el más bajo del área centroamericana. Más del 90 por ciento de la población económicamente activa trata de salir adelante con menos de dos salarios mínimos y el 40 por ciento de los hogares vive peor que en la pobreza.

En nuestra condición de país rezagado, nos hemos visto obligados a tomar compromisos para cubrir nuestros profundos hoyos fiscales, pero -injustamente- son los más necesitados quienes han debido correr con el mayor sacrificio.

Los anteriores y el actual Gobierno nos han metido en un remolino de deudas que nos han conducido a mayor insolvencia. En oportunidad de la pandemia covid-19, nuestro país ha contratado más deuda con el pretexto de atender la emergencia, aunque -a la luz de los hechos- lo que se ha dado es un manejo oscuro a los recursos puestos a disposición de la actual contingencia.

Nuestro país precisa de la toma de medidas extraordinarias en una situación de extrema gravedad. La inversión, la producción, la generación de empleo, el combate a la corrupción y la eficiente gestión gubernamental son los elementos que tendrían que guardar una sana correspondencia dentro de una política racional de endeudamiento.

¡Que así lo entiendan, por fin, quienes llevan las riendas de nuestro país, marcado por la falta de transparencia, más empobrecido y endeudado!