Diputados del Congreso Nacional han reiterado en varias ocasiones que los recursos aprobados para que el gobierno le haga frente a la emergencia del covid-19 (que superan los 12 mil millones de lempiras) no son un cheque en blanco para nadie. Se entiende esta expresión, que nadie podía usar de manera irregular estos fondos al momento de hacer compras directas, así de claro lo establece la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección social frente a los efectos del coronavirus.

Pero las uñas se alargaron y aparecieron los aviesos, aquellos que se aprovechan de estas crisis para cometer corrupción, aquellos que se roban la esperanza de muchos hondureños, los que no se tocan el corazón y de manera malévola buscan atesorar riquezas robando recursos públicos, a estos hay que aplicarles la ley, a estos “malnacidos”, como dijo el presidente Hernández, “tendrán que ir a parar a la cárcel, sea este funcionario público o empresario” al fin hechor y consentidor pena igual.

Cómo es posible que se ufanen tanto un sector de la Sociedad Civil de ser los primeros veedores de cómo se gastan estos recursos en la emergencia, (por qué del sector público se espera muy poco ante la desconfianza). ¿Qué pasó con el empresariado nacional que no tiene lupa en mano para ver estas compras? ¿Qué pasa con el monitoreo de las iglesias en Honduras? Hay que hacer algo y cortarle las alas aquellos funcionarios que se aprovechan de esta agua revuelta para sacar ganancia personal.

Ante las supuestas irregularidades en las adquisiciones que hace Copeco por la emergencia, casos como el sobrevalorado precios de algunas percoladoras que en el mercado tienen precios de 1,450.00 lempiras, pero que Copeco las compró supuestamente por 4 mil lempiras, pone el relieve las dudas de un pueblo hacia sus funcionarios, que no creen en su gestión, pero va más allá la duda, si realmente se logrará identificar a tiempo aquellos negocios sucios y pandos marcados por corrupción que se pueden dar en la alerta por el coronavirus.

Por su parte, el Ministerio Público comenzó desde el 4 de abril una investigación en Copeco por estas denuncias, pero antes hay que esperar que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) agote sus auditorías internas y partir de ahí, la Fiscalía comenzará a hacer investigaciones profundas, algo así como “esperar que San Juan baje el dedo”.

Caso similar pasa con el manejo de recursos que se hacen en algunas alcaldías del país, al menos 9 corporaciones municipales son auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas, su presidente, Juan Pineda, manifestó: “muchos ediles a duras penas han pasado la educación primaria y no saben lo que es la administración y los controles” cierro cita. Se le olvida al ilustre funcionario que quien no vive para educar, solo vive para robar.

Dejémonos de cosas y vigilemos la utilización de los recursos, ya se gastaron más de dos mil 700 millones de lempiras por la emergencia del covid-19 dice la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, pero faltan por ejecutar al menos 10 mil millones de lempiras más aprobados por el Congreso Nacional, y también se espera apoyo externo, como el del Fondo Monetario Internacional (FMI) que desembolsará solo para Honduras, 143 millones de dólares por la crisis del coronavirus, la transparencia es importante y el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debe revitalizarse cada día.

Ojo con la danza de los millones por covid-19 en Honduras, cuidado con la música que los moverá, pero más cuidado con los músicos que tocarán los instrumentos, no permitamos que se haga más fiestas en el país.