El pueblo hondureño se expresó en las urnas, esencialmente a favor de un cambio en la administración del Estado y en contra de las prácticas políticas que nos han sumergido más en la inequidad social, el rezago económico y la corrupción.

Así es como deben entenderlo las autoridades que asumirán para el cuatrienio 2022-2026. Los depositarios del poder deben de comprender, en su justa dimensión, la voluntad de los hondureños en las justas democráticas del último domingo de noviembre, las de mayor respaldo popular de la historia reciente.

Se equivocaron quienes pensaron que la repartición masiva de ayuda, la distribución indiscriminada de fondos y la generación de temor ideológico iba a permitirles "amarrar" el voto para los propósitos de tal o cual sector de ser ratificados en el poder.

El pueblo ejerció el sufragio libremente y con una sed de que se produzca un golpe de timón en la conducción del destino del país y que se dé respuesta a nuestros problemas, los estructurales y los arrastrados por la pandemia.

El 70 por ciento de la población es pobre, 3.3 millones están en inseguridad alimentaria, 300 mil hondureños emigran cada año por falta de oportunidades, dos millones tropiezan con la falta de trabajo o el subempleo, dos millones de niños están fuera del sistema educativo; además, nos asfixia la deuda pública de más de 16,000 millones de dólares.

Los hondureños atravesamos por una coyuntura excepcional que nos obliga a tomar consciencia ciudadana de nuestra realidad y a ejercer la potestad de pedir cuentas al nuevo Gobierno sobre el estado en que la presente administración hereda la nación, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son nuestras opciones de sortear la crisis.

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Las justas del 28 de noviembre es trascendental no solamente por la firmeza con que se ha dejado escuchar la voz popular, sino porque sus resultados encierran una  advertencia expresa para la gobernante electa, Xiomara Castro, sus tres designados, los 128 diputados al Congreso Nacional y los funcionarios investidos en las 298 corporaciones municipales: Hay una firme intención colectiva de no ser más complacientes con la injusticia social, el tráfico de influencias, el absolutismo y la inmoralidad pública.

No se trata de desatar una persecución política contra el Gobierno que ya se va, sino de castigar a los autores materiales e intelectuales de haber maniobrado a través de contratos voraces y de haber hecho fiesta con los recursos públicos. A la Fiscalía, al Poder Judicial y a los entes contralores les tocará actuar con todo el rigor de la ley. ¡Así lo esperamos!

Y los ciudadanos de este país tenemos la responsabilidad de llevar a efecto una labor de vigilancia, una tarea de escrutinio preciso, un quehacer de veeduría y una acción de auditoría permanente sobre el desarrollo del plan de nación que los funcionarios electos se han comprometido a ejecutar.

Porque en Honduras hemos llegado al hartazgo de los abusos de poder, de la demagogia, de la corrupción, la impunidad y otros males que nos oprimen.

A todos los sectores nos corresponde involucrarnos en un proyecto de reunificación y de integración. Juntos, gobernados y gobernantes, tenemos el compromiso de rescatar este país. 

Quienes acudimos a las urnas el 28 de noviembre le hemos entregado el voto de confianza a un grupo de líderes que se postularon para dirigir el destino de Honduras, con la promesa de producir una transformación integral.

Y, en este orden, se han creado altas expectativas acerca de la nueva administración del Estado. ¡Que los compromisos del Gobierno entrante sean cumplidos, entonces! Así lo demandamos todos los hondureños.