Un sabor amargo nos dejan capítulos controversiales como los que atañen a la inscripción de candidaturas particulares y de planillas de aspirantes a puestos de elección en diferentes niveles.

Penoso es el espectáculo que han ofrecido los principales actores vinculados con la solicitud de reconocimiento de la postulación del empresario Roberto Contreras a la Alcaldía de San Pedro Sula, Cortés.

Sin entrar en detalles sobre los factores puramente legales ni en los ingredientes políticos que están de por medio, lo que sale a flote es una visceral confrontación entre las fuerzas en contienda, una lamentable contradicción entre los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y la costumbre de los líderes partidistas de interpretar las leyes y de forzar por su aplicación desde su particular óptica.

Sólo unos días antes de que se presentara el conflicto por la resolución que deniega la participación del empresario Contreras en sus aspiraciones de correr por el gobierno local de la ciudad industrial, se había tejido otra polémica alrededor de la inscripción de las planillas del Partido Salvador de Honduras correspondientes a los  departamentos de Choluteca y Cortés en el nivel legislativo.

En esta oportunidad, las interpretaciones legales también fueron expuestas con demora, cuando el ambiente ya estaba bastante caldeado y amenazaba con derivar en anarquía.

Y en el reciente episodio de la postulación del Partido LIBRE a la municipalidad de la cabecera departamental de Cortés, ha sucedido lo mismo. No ha sido sino hasta varias horas después de que  trascendiera la resolución del Consejo Electoral que el órgano se encargó de divulgar un comunicado que confirmaba dicho extremo.

¿Qué mensaje es el que se puede inferir de estos dos capítulos controvertidos que se destacan entre varios otros por su significado?

Tanto entre los líderes de los partidos políticos como entre los funcionarios de los entres electorales, lo que se destaca es una línea de comportamiento que no necesariamente está en concordancia con el objetivo de la participación ciudadana en las cuestiones vitales para la construcción de la institucionalidad de Honduras.

La normativa electoral ha sido en el pasado y sigue siendo objeto de negociaciones y de pactos que obedecen a los caprichos de tal o cual grupo interesado, aunque ponga en entredicho el respeto a las leyes, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y la legitimidad de las consultas populares.

A los partidos políticos tenemos que exigirles que sus planillas estén integradas por personas con probidad, que no haya imposición de liderazgos y que respeten la decisión del pueblo en las urnas; a los integrantes de los entes colegiados que dirigen los procesos de consulta, debemos demandar que se despojen de todas aquellas motivaciones que puedan llevarles a la defensa de intereses partidistas, porque su misión es privilegiar la legalidad y la democracia, "siempre".

A los ciudadanos, convocados a las urnas para decidir sobre el futuro de nuestra democracia, nos corresponde hacer que valga nuestro voto, que nuestra decisión incida de verdad en la vida nacional para profundizar la democracia.

La presión ciudadana ha de prevalecer por encima de las ejecutorias de nuestros líderes que, en su mayoría, perdieron la credibilidad del pueblo y que son los responsables del desencanto de los hondureños con la clase política y con la democracia.

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