En circunstancias inusuales, marcadas por la pandemia del covid-19 que ha establecido un nuevo orden, desafíos y riesgos para la clase obrera, conmemoramos hoy el “Día Internacional de los Trabajadores”.

De manera inveterada, los líderes de los trabajadores han hecho propicia esta fecha para plantear sus demandas, denunciar la precariedad de las condiciones laborales vigentes y exigir una relación justa y equitativa entre el capital y la fuerza laboral.

Y en este contexto, hemos señalado que la masa de los trabajadores cayó desde hace varias décadas en un terreno debilitado por la falta de liderazgo, el envejecimiento de sus discursos y la postración de los argumentos para renovar sus propuestas de reivindicación.

Hoy día, la pandemia del covid-19 coloca a la clase asalariada en una realidad mucho más hostil, ante riesgos mayúsculos y frente a amenazas graves que requieren de un replanteamiento integral del actual orden.

Desde cualquier ángulo desde el cual divisemos la realidad de los trabajadores hondureños, entendemos que ellos constituyen uno de los sectores más expuestos a la adversidad o ¿quizás a la calamidad? en la presente urgencia epidemiológica.

La contingencia sanitaria ha provocado la suspensión de unos 150 mil empleos en siete semanas que han pasado desde que fue declarado un estado de excepción en Honduras.

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El segmento que más ha sido estremecido es el de las micro-pequeñas y medianas empresas. Solamente en el Valle de Sula han quedado en vilo 300 mil puestos y se estima que esta cifra se eleva a un millón a nivel nacional.

Las proyecciones oficiales apuntan que la crisis de salud provocaría la pérdida de por lo menos medio millón de espacios laborales, aunque los empleadores advierten que esta cifra será superada con creces por la población de trabajadores que serán sacrificados por el declive de la economía.

El hecho es que ha habido una especie de lentitud en la adopción de acciones concretas para salvaguardar las fuentes de empleo que están tambaleando por la paralización de todo el aparato productivo.

Es cierto que se han puesto en vigor algunas disposiciones encaminadas a darle asistencia financiera a los sectores más débiles de la economía, al tiempo que se ha restablecido paulatinamente la operación de ciertos rubros.

Hace falta que se dé marcha a un plan de acción más decidido que no esté únicamente plasmado en el papel o expuesto en los discursos. La gran empresa sigue a la espera de que el Gobierno lance una tabla de salvación para evitar que miles de trabajadores se queden en la intemperie, desprotegidos y en la total indefensión social.

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Porque la justicia social en Honduras debe descansar sobre la reivindicación de los derechos de la clase obrera y el fortalecimiento de los sectores que, como la empresa privada, le dan sustento a la economía nacional, generan riqueza y empujan el desarrollo de nuestro país.