Cuando la inflación se convierte en un tema sensible para la población es recurrente que los gobiernos opten por políticas para controlar precios.

Esto implica que para un determinado producto(os)/servicio(os) habrá un único precio establecido, generalmente a través de un mandato legal, mediante el cual se realicen transacciones de compra/venta.

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Inicialmente, desde el punto de vista de la teoría económica, el tipo de estructura de mercado del bien o servicio al que se le desea aplicar un control de precio juega un papel clave para determinar si estas medidas tienen posibilidad de funcionar de manera eficiente.

En términos simples, si la estructura del mercado del bien o servicio en cuestión se aproxima más a competencia perfecta, ejercer efectivamente un control de precios es poco probable.

Mientras que, ante una estructura de mercado más concentrada por el lado de la oferta como un monopolio u oligopolio, los controles de precios tienen más probabilidades de ser exitosos, aunque tampoco hay garantías.

En una estructura de mercado competitivo, el precio óptimo (equilibrio) se establece por la interacción de la oferta y la demanda, sumado a otros factores tales como: los ingresos de los consumidores, los costos de producción, la información que posean todos los agentes económicos, por mencionar algunos cuantos.

Por ende, no hay un “actor” que unilateralmente pueda determinar el precio del bien o servicio. En estos casos resulta poco probable establecer un precio de referencia óptimo, generalmente siempre estará por encima (precio piso) o por debajo (precio techo) del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda.

Por lo tanto, si el precio regulado que se establece no es igual al de equilibrio, existirá inexorablemente pérdida de bienestar para la población en general.

En cambio, bajo una estructura de mercado monopolista u oligopolista, donde si existen “actores” que de forma unilateral pueden determinar el precio de mercado, es cuando los controles de precio tienen mejores probabilidades para aumentar el bienestar en general.

Esto es posible mediante la fijación de un precio que tome en consideración los costos de producción (marginales) , y en ciertos casos, una ganancia que considere los planes de inversión y expansión en el tiempo.

Pese a que sigue siendo un proceso complejo de implementar, un control de precio bajo este contexto puede generar mayor bienestar si se logra una estimación adecuada del precio de referencia.

A pesar del planteamiento teórico anterior: ¿Qué nos dice la evidencia empírica y la historia? Existe una cantidad importante de literatura empírica sobre las políticas de control de precio en diversos países a nivel mundial durante diferentes períodos de tiempo.

Por ejemplo, documentos como los de Coyne & Coyne et al de 2015, el de Schuettinger & Butler del 1979, o de Guenette (Banco Mundial) de abril de 2020, presentan diversos casos de estudio donde se han implementado controles de precios.

Desde el tiempo de la República y posterior imperio Romano, pasando por Babilonia, la Colonia Española, hasta llegar a la actualidad.

Las conclusiones son similares entre los autores. Este tipo de políticas suelen distorsionar los mercados, teniendo consecuencias en el crecimiento económico y, por ende, en la reducción de la pobreza.

Por otro lado, los controles de precios son políticas que rara vez se pueden mantener en el tiempo, esto debido a su alto costo, sumado a que en la mayoría de los casos surge por motivaciones no económicas por parte de los gobiernos y que además ignoran los registros históricos de fracaso que han tenido la implementación de este tipo de medidas.

En retrospectiva, las políticas de control de precio suelen quitar el foco de atención a los verdaderos factores fundamentales que causan inflación y que deberían ser abordados a través de políticas económicas correctamente diseñadas, acompañándose de mejores marcos normativos.

Al final del día, los precios son señales sobre la disponibilidad de recursos, posible asignación de estos y sus costos de oportunidad.

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