Pese a que ha sido una de las principales cargas de las finanzas, la población de empleados públicos no ha sido evaluada, con el fin de adelgazar el aparato estatal.

Los estudios de economistas y de organismos de la sociedad civil establecen que Honduras destina al menos el 25 por ciento del Presupuesto de la República al pago de sueldos y salarios de una masa de más de 200,000 burócratas que consumen entre 85,000 y 90,000 millones de lempiras mensuales.

Cada año, el número de empleados públicos se ha incrementado entre el 5 y 15 por ciento. Eventualmente la masa de burócratas ha experimentado una disminución insignificante.

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Para el caso, en los últimos dos o tres años, la cantidad de servidores del gobierno pasó de 240,000 a 210,000, de acuerdo con reportes oficiales.

Masa salarial

La masa salarial se incrementó entre un 13 y un 15  por ciento en el período 2017-2018, con un impacto tal que ha obligado a los gobiernos de turno a tomar nuevos endeudamientos.

Un reporte elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, pone en perspectiva que en el referido tiempo el número de empleados públicos pasó de 208,000 a 236,000.

Esto quiere decir que en 2018 ingresaron en el aparato estatal 28,000 empleados más, en comparación con 2017; es decir, un promedio de 2,300 nuevos burócratas cada mes.

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En 2017 fue reportada una modesta disminución en la empleomanía. Pero esta descarga quedó anulada en los 12 meses siguientes, cuando llegaron más trabajadores a congestionar las oficinas gubernamentales.

Desde 2001

Entre 2001 y 2009, la cantidad de burócratas pasó de 166,000 a 189,500, un alza de alrededor de 14 por ciento, según un informe presentado por la máxima casa de estudios.

En el ciclo 2014-2018, la cifra de empleados estatales subió en 10 por ciento, ya que tuvo una variación desde 214,000 a 236,000 asalariados incrustados en el aparato gubernamental.

En sus evaluaciones recientes, el Fondo Monetario Internacional ha hecho una especial observación sobre la necesidad de controlar el crecimiento del gasto público, especialmente el que genera la masa salarial. Hasta ahora se prestaron oídos sordos a tales recomendaciones del organismo externo, las cuales coinciden con las que han sido expuestas por instituciones de la sociedad civil que analizan el comportamiento de las finanzas públicas.

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