Quien no desconoce que aquí, a través de los años, de las décadas, millones y millones de dólares dejaron de invertirse mientras no se concretaron proyectos porque los gobiernos de turno y el Estado como tal, nunca le pudieron garantizar a los inversionistas extranjeros  la certeza de que su inversión, generadora de empleos y de capital a la economía nacional, sería jurídica y constitucionalmente segura.

Aunado a los altísimos niveles de corrupción en forma de chantajistas pagos de coimas, la inseguridad jurídica que desde siempre fue moneda de curso corriente, ha sido para el despegue y crecimiento económico de Honduras,  un lastre que ahuyentó a los inversionistas foráneos y que además obligó a los empresarios y emprendedores nacionales -a través de la otra lúgubre figura del terrorismo fiscal estatal- a llevarse sus capitales a otros lados.

Esa ha sido la historia sin fin de Honduras, y decimos sin fin porque a la luz de la evidencia las cosas apenas si han mejorado para los que arriesgan sus capitales, y que necesitan que el estado en el que van a invertir, las reglas del juego a las que se someten, sean previsibles y claras.

Eso asumimos es lo que ha de estar resintiendo, solo para un ejemplo, el consorcio colombiano contratado para operar y mantener la red de distribución de energía eléctrica, al que sobre la marcha se le han querido cambiar abruptamente las reglas del juego. Eso es lo que pasó con la concesionaria nacional de los aeropuertos del país, la que de la noche a la mañana la dejaron “silbando en la loma”, mientras nunca supimos en qué condiciones se le otorgó a la otra empresa el manejo y operatividad de las terminales aéreas.

Apenas dos casos que evidencian que el estado no puede todavía garantizarle al inversionista, extranjero y local, la certeza jurídica de que su inversión -además de inyectarle capital a la economía del país-  estará segura y protegida por el estamento legal y constitucional del país.

Honduras no se puede dar más el lujo de que aquí se siga conspirando contra la inversión extranjera, contra el capital foráneo que tanto necesitamos para que esta economía reflote, como está ocurriendo con este consorcio de capital multinacional al que según algunas fuentes, un par de personajes vinculados con el poder político y financiero, lo quieren sacar del país a toda costa.

En la actual coyuntura,  sobre todo en la actual y desesperante coyuntura económica, Honduras necesita afrontar la grave crisis garantizándole seguridad jurídica  a los inversionistas, a los generadores de empleos, a los que siguen arriesgando y han arriesgado su capital ya en condiciones anteriores desfavorables o inciertas.

La seguridad jurídica genera estabilidad, confianza, certidumbre. Las condiciones necesarias y seguras para que la inversión llegue, para que la inversión -extranjera o nacional- se quede.

 ¿cómo diablos los dueños del capital, los potenciales inversionistas, los que están,  van a depositar su confianza en Honduras si el estado, si sus autoridades, no empoderan, o en su defecto, restauran la seguridad jurídica hasta un nivel de certidumbre y claridad que hagan del país un terreno fecundo y garantista del cuidado y respeto de los bienes y servicios invertidos? 

¿Cuántos contratos de concesión, como los que recién hacíamos referencia, y otros que se suscriben entre inversionistas extranjeros y nacionales con el estado de Honduras, no terminan siendo violentados, a pesar de tratarse de instrumentos jurídicos que articulan derechos, obligaciones y consecuencias, cuando son trastocados o cuando alguien quiere sobre la marcha, cambiar las reglas del juego?.                                                  

No puede Honduras, no puede la institucionalidad,  sobre todo en la coyuntura económica actual derivada de la pandemia del covid y de los fenómenos naturales que han arrasado el país, seguirle generando a los inversionistas foráneos y locales, incertidumbre, confusión, inestabilidad, inseguridad, porque a algún funcionario o ex funcionario o un sector vinculado con el poder político, se le ocurrió simplemente cambiar de opinión y pasarse al lado de los intereses particulares, gremiales o político partidistas.

Esos cambios en las reglas del juego que limitaron a su mínima expresión la llegada de inversión foránea o que terminaron ahuyentando el capital extranjero que ya estaba en el país, no pueden seguir conspirando contra el país mismo!. Esos cambios en las reglas, particularmente en materia contractual y tributaria, esa especie de terrorismo fiscal estatal que se desató aquí contra el emprendedor local y contra el capital extranjero, conspiró contra la voluntad y aspiración de hacer negocios rectos, legítimos, razonablemente buenos para el estado de Honduras en cuanto a dividendos y ganancias.

 Aquí confundieron las garantías de seguridad jurídica con los privilegios, los protocolos de un amparo legal con los subsidios. El inversionista lo que necesita es que el estado garantice en donde va a invertir su capital, le ofrezca un marco jurídico que respete y cuide que el bien o servicio que va a traer no se lo vayan a quitar, expropiar o alterar, según ha pasado con los dos consorcios que hemos puesto de ejemplo en este comentario editorial.

Si la arbitrariedad campea o si las leyes las siguen interpretando al son de los intereses de unos, y sobre todo, si la seguridad jurídica no es aquí más que retórico papel mojado, aquí no estarán más que apurando la salida del ya ralentizado capital extranjero que aún queda.

El incumplimiento o manipulación de los contratos y clausulas no puede seguir más conspirando contra la certeza y seguridad que busca y requiere el inversionista, nacional y extranjero.

Un gobierno que dice fomentar el crecimiento económico y la generación de trabajo mediante condiciones que atraigan y retengan la inversión extranjera, y vuelva atractivo el país al emprendedor nacional,  tiene que tener claro que eso sólo será posible si de una vez y todas, apueste y garantice seguridad jurídica.