Al igual que el gran empresariado, los micro y pequeños emprendedores del país han terminado prácticamente implosionando contra lo que denominan es: “un persecutorio sistema recaudador de impuestos y de aplicabilidad de medidas fiscales”.     

Los pequeños y medianos emprendimientos, que vale decir, generan casi un millón de empleos en Honduras –más o menos el 60 por ciento de las fuentes de trabajo- simplemente se cansaron de los inspectores o policías tributarios, del sistema de administración de impuestos o rentas, que, a lo largo y ancho del territorio nacional, han desatado un indiscriminado plan de sanciones tributarias y cierre de empresas a las acusan de incumplir el pago de impuestos.                                                                                                                                             

Aunque entendamos que se trata de un deber de todos los contribuyentes cumplir con el pago de tributos en tiempo y forma, sobre todo en momentos en que la administración del Estado depende para subsistir del pago de impuestos. Lo que resiente el sector emprendedor y generador de trabajo en el país, es la implantación de lo que denominan una persecución selectiva, que se tradujo primero en el cierre de negocios en forma indiscriminada, sin cotejar –en la mayoría de casos- los registros de mora ni verificación de los estados de solvencia de los mismos. 

Cintas amarillas el símbolo de intimidación y hasta humillación

La colocación de cintas amarillas o de rótulos gigantescos en las puertas de los establecimientos comerciales y empresas, pequeñas, chiquitas, medianas y grandes; se ha convertido en moneda de curso corriente en ciudades y municipios. Tal cual símbolo de intimidación y hasta de humillación en contra de los emprendedores o empresarios a quienes de esa forma se les estigmatiza como evasores, perjudicando a los mismos empleados, clientes y no digamos, la economía misma del país.       

A partir de esos penosos y humillantes episodios, los empresarios nacionales, generadores de cientos de miles de fuentes de trabajo, se sienten víctimas de una especie de terrorismo fiscal. “Un atropello” dicen, y una “confrontación innecesaria”, decimos nosotros, con el sector que en Honduras arriesga el capital, sobre todo en tiempos casi permanentes de incertidumbre, el sector que dinamiza la economía, el sector que genera riqueza, que abre las oportunidades de empleo.

Acciones que la entidad recaudadora de tributos ha implantado contra los que, en el país, generan más del 50 por ciento del producto interno bruto, ¡no deberían los emprendedores ser mancillados de esa forma!   

Es inadmisible desde todo punto de vista, que aquí se pretenda recaudar los impuestos a cualquier costo, a costa de sacrificar la operatividad de las empresas que aquí cumplen con sus deberes ante el fisco, y que igual se sienten intimidados, perseguidos, sospechosos, en la mira, enfrentados con el sistema.

Mientras el Presidente busca por otro lado, impulsar estrategias tendientes a hacerse un nudo con el sector generador de empleos. Esa es la ruta que al país le conviene, mientras se pasa al carril de la justicia tributaria y deja atrás la del terrorismo fiscal.