En nuestro artículo anterior hicimos un análisis de como la primera pandemia después de cien años ha abierto un interesantísimo debate en relación con el alcance de la aplicación del análisis costo- beneficio en las políticas públicas, contemplando inclusive la posibilidad de asignarle un valor a la vida humana para tomar buenas decisiones.

Ahora que la curva en Honduras se desplazó en aumento de casos de coronavirus, tras un primer intento de apertura de la economía sin mucha base científica, el debate se ha desplazado también, agudizándose, como la enfermedad, en torno a la estrategia implementada por el Estado y en especial a la compra de hospitales móviles por Invest Honduras que aún no llegan al país.

Como era de esperarse, abundan las posiciones en torno a este manejo y su correlación con el aumento en el número de muertes por la enfermedad, la mayoría centrándose en la corrupción prevaleciente en el sistema de salud. En nuestra opinión el análisis de una posible correlación amerita igualmente el tratamiento de una herramienta económica vital en países en vías de desarrollo como el nuestro: el debido manejo de los costos de información.

“Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo” es una frase atribuida al magnate de las inversiones bursátiles en Estados Unidos, Warren Buffet. De manera sencilla explica el concepto de los costos de información y su importancia en el funcionamiento de la economía. Mientras todo funciona de manera normal en el mercado, todos le asignamos un valor a los bienes en base a la mayor o menor información sobre ellos con la que contamos.

Adquirir y manejar esa información, como todo, tiene sus costos. El análisis en torno a esta realidad del mercado se centra precisamente en que la información tiene su costo y quien puede soportarlo mejor tendrá mayor y mejor información sobre quien no pueda hacerlo. El problema de estos costos se agudiza cuando el mercado se distorsiona, es decir en un bajón de marea, como es el caso de una pandemia. Una situación así nos lleva a tener que tratar el tema de las asimetrías, o diferencias, de información como una causa importante de las desigualdades económicas.

Tres economistas estadounidenses, Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence, merecieron el Premio Nóbel en Economía en 2001 precisamente por su trabajo en relación con los costos de información, las asimetrías y cómo influyen en el funcionamiento del mercado, entre otros temas relacionados. Cada uno logró implementar avances en el campo, siendo el que nos ocupa mayormente en esta aproximación el de las asimetrías de información.

Esto no es otra cosa que la situación que ocurre en una negociación de precios, cuando la parte que cuenta con mejor información sobre el valor de un producto tiene una indudable ventaja sobre la que tiene menor información sobre el mismo, o del todo no la tiene. La realidad económica de las asimetrías de información sirve para explicar cómo funciona el mercado en condiciones normales y extraordinarias, precisamente como la que nos ocupa en esta pandemia. La ocurrencia y cuantificación de las asimetrías de información nos explica la lógica de muchas conductas económicas y las resultantes desigualdades.

Para citar solo una, nos explica por ejemplo como los postulantes a empleos públicos utilizan la asimetría de información sobre sus verdaderas capacidades profesionales para lograr ser contratados por un Estado que no cuenta con la debida información sobre las mismas y por ello suple la dificultad de incurrir en costos para obtener esa información con las famosas “recomendaciones” políticas.

 En evidencia que el derecho debe precisamente ser un instrumento para el correcto funcionamiento del mercado, nuestros Constituyentes buscaron la manera precisamente de evitar la ocurrencia de la asimetría de información del empleado público, y por ende lograr minimizarla a favor del Estado, al establecer en el Artículo 256 de la Constitución de la República que: “el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos”.

Sin duda que instituir la contratación y manejo de los empleados públicos mediante métodos científicos y la meritocracia es un intento por minimizar esos costos de información, ya que obliga al potencial y actual empleado público a tener que demostrar- en nuestro campo “informar”- con acciones demostrables o méritos, sus calificaciones profesionales a su empleador, el Estado, quien tiene dificultad de otra manera en incurrir en los costos para informarse debidamente sobre las mismas. El problema es que en nuestro país la meritocracia no se ha implementado precisamente como un sistema de administración del recurso humano en el Gobierno que permita minimizar todo tipo de costos que ocurren en el mercado.

Por ello resulta claro que, al bajar la marea por un evento de tal magnitud como una pandemia, el no haber minimizado debidamente nuestros costos de información nos demuestren que nadábamos desnudos. Y no es de extrañar, pues, que la primera razón que citó el director de Invest-H para comprar los hospitales móviles a precios arriba del mercado normal fue que ante la pandemia había poca información y muchas empresas estafaban, por lo que hizo la compra urgente con la escasa información que tuvo a la mano adquirida en una búsqueda por internet.

¡Un claro caso entonces de asimetrías de información manejado sin ninguna orientación profesional o de estrategia económica sobre el tema en una oficina de “inversiones estratégicas”!

Continuaremos ahondando en la revolución del análisis costo-beneficio, los costos de información y sus implicaciones legales en Honduras en la próxima EconoVISTA… 

Además: Cuando el encierro Sí Paga: La Economía de la Pandemia