Regular el financiamiento de las campañas políticas en Honduras es sin duda una de las tareas que más ha  costado en los últimos procesos electorales, aunque para no ser mezquinos, en las elecciones del 2017 hubo una vigilancia, aunque a medias, de las fuentes de financiamiento por parte de la unidad fiscalizadora de recursos, pero hay quienes opinan en el país que no se termina de cerrar las puertas y ponerle candado definitivo, para evitar la aportación de dinero con dudosa procedencia.

Es importante promover la transparencia en la utilización de recursos financieros para las elecciones del 2021, un año electorero en Honduras con las primarias de marzo  y las generales de noviembre. Oportuno es fomentar o procurar las igualdades de condiciones, imponiendo restricciones aquellas fuentes que generen sospechas, limitar los techos de gastos y que cada partido político por principios de transparencia y veeduría ciudadana debe  dar la información necesaria y requerida, hay que evitar la suspicacia, si,  aquella desconfianza que el crimen organizado o el narcotráfico financian campañas en Honduras; también la unidad de financiamiento, transparencia, fiscalización a partidos políticos y candidatos haga su trabajo de poner trabas en el gasto de los recursos públicos de los que han abusado aquellos funcionarios que busca un cargo de elección popular, o todos en la cama o todos en el suelo.

En Honduras el Consejo Nacional Electoral anunció los techos de financiamiento para los próximos procesos electorales, se habla que para el nivel presidencial se puede gastar hasta 544 millones de lempiras para las elecciones del 2021, y para el nivel de diputado y alcaldes varía por la carga electoral pero se habla de un promedio de gasto de 400 mil lempiras. De todos es sabido que estos techos se disparan ya cuando inicia lo fuerte de la campaña proselitista, por eso es urgente la aplicación de la ley y así evitar la incertidumbre  del origen de los recursos económicos. En Honduras se eligen 128 diputados propietarios y 128 suplentes, 40 diputados al Parlacen (Parlamento Centroamericano), al igual que 298 alcaldes y 298 vice alcaldes y 2 mil 92 regidores  municipales a nivel nacional.

Ante el mar de dudas que genera la captación de recursos, sea por aportaciones o por otra índole, se ve necesario aplicar una correcta rendición de cuentas de todos los partidos políticos y de sus candidatos a los cargos de elección popular, el pueblo no quiere vivir de sospechas ya no aceptara que le den atol con el dedo, las restricciones y regulaciones tendrán que ser efectivas de la unidad de política limpia, que en su artículo 20 ya establece “revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los sujetos obligados, su fiscalización y sus sanciones” y creo que así quedará indicado en la nueva ley electoral que se discute en el Congreso Nacional. Pero, ¿existirá capacidad técnica y de personal en la cuestionada  Unidad de Política Limpia para investigar cada transacción y aportación a la campaña política?

En el 2018 la Unidad de Política Limpia en su primera evaluación de las elecciones del 2017 presentó un informe, que al menos 200 millones de lempiras que se invirtieron del total de mil millones de lempiras aproximados en la campañas en ese año, presentaron inconsistencias, es decir tenían dudoso origen, y muy pocos de los aspirantes señalados llegaron a hacer su declaración. Para las primarias de marzo de 2021 esta unidad espera hacer un monitoreo y fiscalización con el respaldo de otras organizaciones y sujetos obligados.

La equidad en el financiamiento de campañas en Honduras está muy distante entre los partidos mayoritarios y los emergentes, pero nunca, la investigación de los entes encargados para tal fin en el país, podrán estar por debajo de sus obligaciones de regular y buscar el origen de los fondos utilizados, de lo contrario, habremos invertido pólvora en zopilotes.

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