En la anterior EconoVISTA nos adentramos en el tema de cuáles son las penas óptimas para cada tipo de delito, siempre debiendo considerarse si una conducta genera o no un costo social que merece castigo, ya que al final de cuentas el costo del castigo puede ser mayor para la sociedad que el costo de la conducta delictiva.

El tema ha adquirido inusitada vigencia tras que se ha aumentado el presupuesto del Ministerio Público para la nueva unidad de lucha contra la corrupción y una banda de supuestos mareros tomó por asalto la sede judicial en El Progreso, Yoro, para liberar a un convicto, lo que ha motivado a varios jueces y fiscales a solicitar medidas extraordinarias (incluyendo juicios virtuales) que podrían aumentar el presupuesto del Poder Judicial.

Ante este tipo de situación es necesario preguntarse: ¿realmente sabemos cuánto le cuesta al Estado de Honduras impartir justicia?

En las facultades de derecho se enseña sobre el valor justicia en base a la máxima de un pretor romano de hace más de dos mil años: “hacer Justicia es dar a cada uno lo suyo”.

Desafortunadamente esa visión filosófica no comprende la explicación de en qué consiste “lo suyo”, habida cuenta que se contempla una visión de justicia como un valor universal y no necesariamente aplicado al caso concreto.

En nuestro campo el tema se vuelve un tanto más complejo cuando se establece en la Constitución de Honduras que la potestad de impartir Justicia emana del pueblo, misma que se imparte gratuitamente, y se asigna un porcentaje fijo del presupuesto de la República al Poder Judicial (no menor del 3%).

Cualquiera argumentará, que se trata de otras de esas declaraciones ilusorias en nuestra Carta Magna, ya que la función jurisdiccional tiene de todo menos gratuidad y la asignación presupuestaria mínima se fijó en 1982 cuando el país era otro.

Esta visión abstracta del valor justicia, despojada de sus implicaciones económicas, en nuestra opinión es uno de los factores que genera su tan cuestionada impartición en nuestro país, donde la sociedad aún no logra comprender en qué consiste “lo suyo” de aquella famosa definición.

La visión aceptada de la justicia ha generado innumerables debates a todo nivel en los sistemas judiciales de muchos países, hasta el punto que un famoso jurista, el Magistrado Brandeis, máximo exponente del racionalismo jurídico en Estados Unidos junto con Oliver Wendell Holmes, acuñó la famosa frase “un abogado que no sepa de economía se puede convertir en un enemigo público”.

"Un abogado que no sepa de economía se puede convertir en un enemigo público”.

Oliver Wendell Holmes

O, dicho de otra manera, un juez que no entienda las implicaciones económicas de impartir justicia en efecto contribuye a incrementar el costo social, que en el pensamiento tradicional se refleja en el famoso antivalor de la inseguridad jurídica.

Comenzando por el hecho que muchos, sino la gran mayoría, de nuestros jueces y magistrados en Honduras tienen edades menores a los cincuenta años, donde el individuo ciertamente tiene otras perspectivas e incentivos económicos al estar iniciando su carrera profesional y los jueces y magistrados en otras latitudes generalmente andan por sobre dicha edad, es que dicho contraste debe generarnos algunas conclusiones importantes que refuerzan la idea arriba que la impartición de justicia necesariamente corresponde a una visión económica, y los incentivos, de quien la imparte.

La visión económica de la justicia es tratada por el prolijo jurista norteamericano Richard Posner, quien a la vez es Juez Federal, en su magistral obra “The Economics of Justice”, la construcción más objetiva del racionalismo jurídico de estadounidense.

En ella este famoso académico llega a la controversial conclusión que los jueces en Estados Unidos básicamente han equivalido la justicia, “dar a cada uno lo suyo”, con la eficiencia económica. Citando numerosos ejemplos de instituciones jurídicas construidas por los jueces norteamericanos con sus decisiones y sentencias, Posner llega a la conclusión que la justicia es en realidad un valor económico, que debe ser analizado y tratado así por los propios jueces y por el poder público precisamente para responder a los mejores intereses de la sociedad.

Esta visión tendría ramificaciones harto interesantes si se adoptase en Honduras, donde realmente a lo menos se deberían evaluar las sentencias de los jueces y su costo para la sociedad, habida cuenta que estamos en un país pobre con escasos recursos que deben invertirse de la manera más eficiente para la propia sociedad.

Seguimos conversando sobre la famosa seguridad jurídica sin ponerle un valor tangible, como por ejemplo lo ha hecho el Fosdeh con el costo de la corrupción en Honduras. Mientras no tengamos una visión económica del tema, y sigamos con esa definición abstracta y filosófica de la justicia, poco o nada avanzaremos en su impartición. Para lograr la adopción de esa nueva visión es imprescindible adoptar el análisis de costo-beneficio, que estaremos desarrollando en su oportunidad.

Continuaremos ahondando en economía de la justicia y el análisis costo-beneficio en Honduras en la próxima EconoVISTA…