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Ha sido devastador el daño y terribles las consecuencias. La corrupción en forma de saqueo y malversación de dineros públicos, ha sido, sin duda, el peor flagelo que el pueblo hondureño ha sufrido; resquebrajando la democracia misma, y agravando los niveles de pobreza y desigualdad en el país.
Justo cuando en Nueva York la presidenta Xiomara Castro concreta el convenio para la llegada, por fin, de una misión de Naciones Unidas contra la corrupción en Honduras, y en momentos en que esta casa de radio ha publicado esta semana un informe especial sobre el grosero latrocinio de fondos públicos a través del Tasón de Seguridad, en el enésimo caso de corrupción atribuido al gobierno anterior, nos preguntamos, sí es que nunca vamos a detener esta especie de hemorragia de inmoralidad e ilegalidad que desangra al pueblo hondureño.
¿Acaso es que nunca vamos a ver a los ladrones del erario tras las rejas y con el dinero robado de regreso a las arcas públicas?. Como quisiéramos los hondureños que ese compromiso refrendado ayer por la presidente Castro en la Asamblea General de la ONU de traer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad sea el fin de esta bárbara concesión que a manera de tregua han tenido los delincuentes de cuello blanco para saquear a sus anchas, las arcas públicas.
La corrupción ha socavado el desarrollo democrático, pero más, ha minado el bienestar de la población más pobre de Honduras. La corrupción, lo volvemos a decir, le niega a la población en estado de mayor vulnerabilidad, su bienestar y derecho a una vida digna; a la posibilidad de una mejor calidad de vida.
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Tal vez uno hubiese esperado que antes de solidarizarse con los pueblos de Cuba y Venezuela, la mandataria Castro se solidarizara en su discurso ante las naciones del mundo con ese 60.9 por ciento de hogares hondureños que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, por culpa de los corruptos.
Pero bueno, el compromiso que ante el pueblo hondureño asumió la presidente Castro ayer en la ONU tiene que ser el punto de quiebre, el momento histórico para librar la batalla contra la corrupción y la impunidad, con valentía y herramientas institucionales, sean éstas nacionales o internacionales.
Es el momento de la mano dura. El rol represivo del Estado no será suficiente. Mandar a la cárcel a los ladrones, purgar una pena, pero reparar también en el devastador daño causado que se agrava en la medida que nunca los millones y bienes sustraídos siguen en manos de los uñudos.
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Hoy más que nunca hay que hacer la fuerza por consolidar una política de Estado que nos encamine en un proceso de reforma sustentable que a mediano y largo plazo promueva una cultura de integridad nacional. Los beneficios serán inmensos en términos del bien común y de la promoción del desarrollo equitativo y sostenible de los hondureños.
Los costos de la corrupción han sido terribles. El país ha perdido para el caso, competitividad, cuando en la compra de bienes y servicios por parte del Estado, las empresas tienen que pagar soborno. Eso encareció la operatividad, afectando el desempeño de la economía, porque pagamos más, en términos comparativos, que las economías de los países en donde la corrupción no es generalizada.
El país también pierde porque no puede fomentar la libre competencia. Se trata de un flagelo que ha atentado contra la iniciativa empresarial buena y honesta; disminuye los ingresos del estado y maximiza los gastos innecesarios, por lo que combatirla ayudará a reducir el déficit fiscal, el desperdicio o robo de los fondos de la cooperación, y en última instancia, mejorará las finanzas públicas.
Esos deben ser los cambios profundos de los que habló ayer también la mandataria hondureña en la asamblea de la ONU, que no es más que voluntad política y determinación. Seguir haciéndose de la vista gorda, sólo es seguir atentando contra el bien común y bienestar del pueblo hondureño.
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