Esa misma interrogante toma vigencia en el Gobierno de la “Honduras Refundada”, porque los problemas de toda índole se han acrecentado y todo parece indicar que los fondos disponibles para enfrentar la crisis múltiple están “retenidos” quién sabe con qué objetivos.

En la Caja Única y en las instituciones bancarias están depositados alrededor de 40,000 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas mantiene en discrecionalidad.

La duda surge en torno al destino que las autoridades del país piensan darle a semejante cantidad de dinero. Porque los sectores prioritarios de salud, educación, producción agrícola, infraestructura y energía eléctrica atraviesan por una histórica condición de calamidad.

Los informes de organismos de la sociedad civil revelan que en el primer trimestre de este año apenas ha sido ejecutado el cuatro por ciento de la partida dirigida a cubrir las prioridades nacionales.

Hace tres años los hondureños condenamos la actuación de los oscuros personajes de vocación corrupta que no se midieron para obtener buenos réditos a través de compras millonarias y amañadas en el marco de la emergencia sanitaria.

Reflexionábamos y nos preguntábamos en ese entonces: ¿No es detestable que un grupúsculo de deshonestos haya salido beneficiado con la adquisición de bienes y contratación de servicios y que permanezcan en la impunidad?

Una y otra vez interrogábamos sobre los fondos que debieron invertirse con honestidad, honradez y probidad, al tiempo que nos planteábamos si era posible recuperar el dinero que se perdió en las compras sobrevaloradas o que fueron a dar a los bolsillos de los indecentes, confabulados entre sí, en menoscabo de los intereses del pueblo.

Hoy nos encontramos en medio de una crisis compleja. No hay medicamentos ni insumos en los hospitales, ocho mil centros educativos cuentan con un solo maestro y apenas mil escuelas tienen condiciones para la impartición de clases.

Las carreteras están destruidas, el sistema de energía eléctrica se encuentra casi colapsado, la población de los municipios más pobres está a la espera de más transferencias para ejecutar obras de alivio y la asistencia al aparato productivo está politizada, a pesar de la emergencia alimentaria pronosticada para este año.

¿Dónde están los recursos públicos? ¿Por qué la Secretaría de Finanzas no da cuenta de los 40,000 millones de lempiras que están ingresados en la Caja Única y en el sistema bancario? ¿Cuál es la razón por la cual no son desembolsados para responder a la insoportable crisis múltiple que vivimos?

Quienes administran el Estado de Honduras están obligados a no ignorar el clamor del pueblo y a contestar a la pregunta: ¿Dónde está el dinero?

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