Cada 4 años previo al Proceso Electoral General los distintos partidos políticos presentan sus denominados “Planes de Gobierno” en los cuales detallan sus promesas de campaña y plantean su estrategia para llevar a Honduras a esa ansiada ruta de desarrollo económico y social. 

Sin embargo, cada 4 años nos encontramos que estos planes o estrategias carecen de una estructura sólida desde la perspectiva económica y simplemente representan un extenso listado de ideas, muchas de las cuales, a pesar de ser válidas no serán implementadas dado nuestro limitado espacio fiscal tras la pandemia. 

Adicionalmente a las debilidades anteriormente expuestas nos encontramos con un problema más apremiante – A pesar que estos documentos representan los compromisos de las distintas fuerzas políticas con el pueblo de Honduras, la evidencia nos muestra que una vez pasado el proceso electoral el partido que resulte ganador olvida por completo este listado de promesas de campaña y se dedican a implementar sus políticas partidarias que no necesariamente inciden en el bienestar general del pueblo hondureño.

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El ejemplo más claro de esta falta de compromiso político lo encontramos cuando nos remontamos a la aprobación de la LEY PARA ESTABLECIMIENTO DE UNA VISIÓN DE PAÍS Y LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE NACIÓN PARA HONDURAS mediante decreto legislativo 286-2009. 

Esta es evidencia tangible de una ley que en teoría debería dirigir el proceso de planificación y desarrollo del país pero que en la práctica representa como decimos coloquialmente papel mojado ya que al revisar el avance de las metas a las cuales se comprometió nuestra clase política en enero de 2010 veremos lo alejados que estamos del cumplimiento de las mismas.

Por ejemplo, dentro de las metas descritas en esta Ley se estableció que al 2022 Honduras tendría una tasa de hogares en condición de pobreza del 41%, una tasa de hogares en condición de pobreza extrema del 21% y una tasa de crecimiento económico promedio de 7% durante el periodo 2018-2022 por mencionar algunas. Sin embargo, a menos de tres meses del 2022 nos encontramos alejados de estos resultados y la realidad de nuestro país es otra.

Nuestra clase política debe entender que el país no requiere de un listado extenso de promesas o de buenas intenciones ya que el papel aguanta con todo. En este sentido, el candidato que resulte ganador del próximo proceso electoral deberá concentrarse en diseñar una estrategia creíble, realizable, basado en evidencia y que cuente con un marco macroeconómico de mediano plazo. 

Dicha estrategia necesita enfocarse en un máximo de 3 áreas prioritarias las cuales deberán de ser seleccionadas de forma tal que se pueda tener el mayor impacto posible con el poco espacio fiscal disponible.

Finalmente, nuestra labor como ciudadanos en el próximo proceso electoral es evaluar estos planes de gobierno y decidir qué candidato cuenta con una propuesta creíble y que responda a los problemas estructurales de nuestro país. Nuestro voto este próximo 28 de noviembre define el futuro de Honduras.

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