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Desde su creación, hace más de 15 años, el Fondo Departamental fue utilizado con el marbete de un programa de desarrollo social, pero en la práctica ha sido un nido de corrupción y gestión politizada de los recursos públicos.
No ha sido un secreto que el dinero asignado a los diputados, propietarios y suplentes, no ha tenido el destino concebido originalmente. Esa partida millonaria ha sido repartida para fines puramente político-demagógicos.
La distribución de recursos a los legisladores ha servido para inducir la intención del voto, incitar el clientelismo político; en suma, utilizar como instrumento las propuestas de desarrollo social para drenar las arcas del Estado a su antojo.
¡Y vaya si no han tenido provecho los congresistas destinatarios del Fondo Departamental. Se han apropiado de los dineros públicos y los han desviarlos dentro de un esquema de podredumbre e impunidad.
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Es inadmisible, desde cualquier óptica desde la cual se analice, que los órganos de contraloría hayan sido parte de un modelo de corrupción que ha protegido a los responsables de malversar los recursos integrados en el Fondo Departamental.
Toda esta estratagema ha hecho posible que en el período 2007-2018 se pusieran a disposición de los diputados la bicoca de 2,300 millones de lempiras empleados con abusiva confidencialidad bajo el ropaje de ayuda a las comunidades y sin ninguna fiscalización.
Un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa conocido esta semana, revela que en el intervalo mencionado se detectó que más de 62 millones de lempiras no fueron auditados, lo cual nos demuestra que ha sido una práctica apañada por los mismos órganos de contraloría, en tanto éstos no han ejercido su tarea de celosa vigilancia.
No están exentos de culpa las instituciones encargadas de perseguir el delito, de aplicar duramente la ley y de adecentar el manejo de las arcas del Estado.
Es un claro esquema de corrupción y de impunidad en el que también han sido insertadas algunas ONG'S utilizadas como mamparas a la sombra del maligno objetivo de hacer piñata con los dineros del Estado.
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Comprendemos el porqué los legisladores, en su mayoría, han mantenido en vigor una férrea resistencia a que sea fiscalizado el Fondo Departamental, para cuyo cometido se han valido de jugadas políticas diversas, confabulaciones legales y manipulaciones de género social.
Ahora más que nunca es necesario darle el tiro de gracia al Fondo Departamental que permite a los diputados acceder a cerca de 200 millones de lempiras anuales para destinos político-sectarios. Cualesquiera que sean las denominaciones con las que se vista dicho esquema, ya no debe ser sostenido.
Está comprobado que ha sido un nido de corrupción, impunidad e intolerable desviación de recursos públicos. ¡No más estructuras cómplices armadas para que los politos deshonestos se apropien de los fondos que son del pueblo!
