Lo único que se sabe es que la matanza fue planificada de “adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro”, aseveró a los medios de prensa la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva.

Villanueva, quien había liderado una interventora en las cárceles, fue separada inmediatamente ocurrió la tragedia. Ese golpe—en la cárcel de mujeres—no se lo esperaba, menos su abrupta salida de una comisión que a todas luces no tuvo el acompañamiento deseado que hoy se ve dan a la policía militar de orden público, posicionados en la esfera pública con un poder avasallador, mientras la policía nacional civil, luce disminuida, exhibida y opacada por la égida de la cual un día fueron parte, y anunciando roles sucios de épocas pasadas que se creían superadas. Un año después, las cárceles volvieron al control de los militares, y sobre la crueldad ocurrida en el reclusorio de mujeres en Támara, poco se dice, las voces disminuyen.

Hasta ahora, las autoridades de Medicina Forense han identificado 46 cadáveres, de estos 18 siguen sin poderse identificar, buscan otros métodos, pero en las afueras de la morgue capitalina llegan preguntando por sus parientes un número mayor de familias, más allá del reporte de víctimas oficiales. Los requerimientos fiscales no salen porque el proceso de identificación de cuerpos no concluye y ese capítulo debe cerrarse para comenzar a abrir un proceso judicial y condena que impida un afianzamiento de impunidad.

Si la muerte fue planificada como dice la viceministra de seguridad, quiénes están detrás de eso, quién ordenó el crimen, pues la tesis de rivalidades pandilleras se queda corta. ¿Quién dio las armas? ¿Cómo la inteligencia del Estado no pudo detectar esto, si tres meses antes del crimen, las reclusas habían sido alertadas que algo así podría ocurrir? ¿Qué más pasó ahí que no sabemos? Son muchas interrogantes y muchas respuestas por ofrecer de parte de la autoridad. Las privadas de libertad de Támara no son mujeres desechables, no son números para el registro de muertes o “control de daños”, son seres humanos con derecho a justicia y verdad. Sus familias y Honduras merecen saber qué ocurrió ahí para que ello nunca más vuelva a pasar. La justicia está obligada a dar rostro y castigo a los culpables desde sus autores intelectuales hasta sus operadores.

Las últimas cifras de muertes violentas de mujeres en el mes de junio son escalofriantes: 94 en total, entre ellas las 46 del reclusorio femenil de Támara, pero de enero al 20 de julio de este año, el número de crímenes son 259, la epidemia se acentúa y las respuestas siguen siendo difusas. De momento, el Estado está obligado a decirnos porqué la barbarie ocurrida en el penal de mujeres en Támara, fue planificada. ¿Por qué las mataron? ¿Quién provocó la explosión?