Entre los múltiples desafíos que la presidenta Xiomara Castro tiene que enfrentar está el de la inseguridad.

Honduras presenta la tasa de homicidios más alta en Centroamérica; San Pedro Sula y Tegucigalpa son las únicas ciudades de la región entre las 50 más violentas al mundo.

La extorsión de maras y pandillas sigue agobiando a varios sectores, particularmente el comercio y el transporte, y ha obligado a muchos a modificar o suspender sus actividades.

La militarización de la seguridad pública y los esfuerzos, aún incompletos, por depurar la policía no han logrado parar la infiltración de intereses criminales en las fuerzas de seguridad, reducir la impunidad o recuperar la confianza
ciudadana (alrededor del 30%, según el Latinobarómetro 2021).

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Los primeros pasos de la actual administración son prometedores. Ha propuesto la creación de una comisión internacional contra la impunidad; ha nombrado a oficiales rectos y preparados en la Secretaría de Seguridad, que ya han detenido a “extraditables” de alto perfil, incluyendo al expresidente Hernández, y ha anunciado la intención de limitar el papel de los militares en la seguridad pública, empezando por el manejo de las sobrepobladas cárceles.

Pero si reemplazar a los directivos tiene un impacto inmediato, otras soluciones, como profesionalizar las fuerzas de seguridad, requerirá tiempo.

La aparición de nuevos grupos de extorsionadores en San Pedro Sula, la reyerta en la cárcel de La Tolva, y los vídeos de supuestas incursiones de carteles mexicanos sugieren una reconfiguración de los grupos criminales que se ajusta a las nuevas circunstancias políticas

Además, las dudas sobre la legalidad de la elección de Junta Directiva del Congreso, que podrían poner en entredicho la validez jurídica de las normas expedidas por ese órgano, podrían generar dudas entre los socios internacionales (quienes por ahora se han mantenido al margen) a la hora de invertir en esas valiosas iniciativas.

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