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'El 56% de exoneraciones son canasta básica': Santiago Herrera

Redacción tunota.com

22 Sep. 2025

Cohep pide al Gobierno no imponer la Ley de Justicia Tributaria sin consensos y avanzar con reformas donde hay acuerdos, como la Ley de Beneficiario Final.

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El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, aclaró este lunes que gran parte de las exoneraciones fiscales que se critican públicamente no benefician al sector empresarial, sino que están dirigidas a productos básicos y a otros actores como ONGs y misiones internacionales.

Herrera hizo esta aclaración en el marco del debate sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria que impulsa el Gobierno, el cual busca, entre otros objetivos, eliminar privilegios fiscales que aseguran benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población.

"El 56% de esas exoneraciones corresponde a la canasta básica", enfatizó Herrea en el foro de debates Frente a Frente de Canal 5.

Explicó que muchas otras exoneraciones van dirigidas a ONGs, misiones internacionales y otros actores que no forman parte del sector empresarial.

Empresas gozan de incentivos, no de exoneraciones: Santiago Herrera

"Lo que no compartimos es que se diga que todas las exoneraciones son de las empresas. Eso no es verdad. Las empresas gozan de incentivos, sí, pero eso tiene su valor, aunque no se reconozca", agregó.

Como ejemplo, mencionó el Régimen de Importación Temporal (RIT), que incluye al sector cafetalero. A pesar de que el café representa apenas el 0.4% del 1% del RIT, genera 30 dólares por cada lempira otorgada en exoneraciones y hasta 500,000 empleos durante la cosecha.

"Ese es el beneficio del incentivo, no de la exoneración en sí. No podemos eliminar todo un régimen solo porque no lo entendemos o porque otros han abusado", argumentó.

Herrera no negó que haya habido abusos, ni que el sistema necesite una revisión a fondo. Pero fue enfático en que la ley actual no garantiza esa depuración, y que muchas veces lo que ha faltado es voluntad política para aplicar las herramientas que ya existen.

"Desde 1976 existen estos regímenes sin auditoría, es cierto. Pero el Estado siempre ha tenido la potestad de revisarlos. Las leyes lo permiten. El problema es que no se ha hecho", explicó.

No 'encapricharse con ley tributaria', pide Herrera al Gobierno

En este contexto, el Cohep, a través de Herrera, lanzó un llamado directo al Gobierno para que reconsidere su estrategia respecto al proyecto de Ley de Justicia Tributaria, advirtiendo que la imposición de esta normativa sin consenso genera inseguridad jurídica, frena la inversión y aleja soluciones urgentes que sí cuentan con respaldo, como la Ley de Beneficiario Final.

"No nos encaprichemos con la Ley de Justicia Tributaria que todavía no sabemos cuánto va a valer en el futuro. Lo que sí sabemos es que han metido el elemento de inseguridad jurídica en la percepción de los inversionistas (…) Sentémonos a la mesa con tolerancia y respeto para lograr los consensos que el país necesita", expresó.

Herrera fue enfático en que el sector privado no se opone a una revisión del sistema tributario, pero sí rechaza que se imponga un paquete de reformas sin un diálogo técnico y abierto.

"Metámosle tranquilidad al país. Vayamos con aquellas leyes donde sí hay consenso y dejemos en pausa las que siguen dividiendo", insistió, señalando que la situación económica requiere reformas, pero también responsabilidad política y apertura al diálogo.

Ley de Justicia Tributaria no está en acuerdo con FMI: Cohep

Santiago Herrera recordó también que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró la semana pasada que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By con Honduras.

"Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un acuerdo con el FMI y que hay que cumplir metas cuantitativas y estructurales", dijo Herrera.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno ha condicionado el avance en otros temas a la aprobación de esta ley tributaria, bloqueando iniciativas más urgentes, como la Ley de Beneficiario Final, fundamental para evitar que Honduras caiga en la lista gris del GAFI y la OCDE.

"Si no tenemos el consenso para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, pero sí lo tenemos para la Ley de Beneficiario Final, ¿por qué no avanzamos con eso? El país lo necesita", cuestionó.

Explicó que el FMI ha sido claro en que la Ley de Beneficiario Final es necesaria, pero no debe ir ligada obligatoriamente a la Ley de Justicia Tributaria. Citó también a Zayda Manatta, directora del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, quien afirmó lo mismo.

Por eso, instó al Gobierno a no condicionar la aprobación de la ley tributaria para no perder la oportunidad de avanzar y protegerse de caer en la lista gris.

Empresa privada sí paga impuestos, aclara Herrera

Respecto a las críticas desde el Gobierno sobre que las empresas no pagan impuestos, Herrera fue contundente: "Casi el 80% de los tributos los paga el sector privado. El 75% de los impuestos municipales los pagan las empresas. El 75% de los aportes al seguro social también. ¿Por qué dicen que no pagan?"

Incluso citó la memoria de sostenibilidad de un grupo financiero importante en el país, que reportó el pago de 76 millones de dólares en impuestos en un solo año. Destacó que los bancos no gozan de ningún régimen de exoneración o incentivo y sin embargo pagan sus impuestos regularmente.

Finalmente, Herrera recordó que el sector privado ha mostrado disposición para discutir una reforma tributaria. Durante la administración anterior colaboraron con expertos para presentar propuestas concretas, aunque ninguna fue aprobada.

"Parece que no hay voluntad política para revisar las cosas en serio. Solo quieren que se apruebe su ley (de Justicia Tributaria), a su manera. Pero ese no es el camino", lamentó.

En un año electoral, pidió evitar que la polarización política afecte la economía. "Cuando hay incertidumbre, la inversión se detiene. La economía no puede entrar en pausa solo porque estamos en elecciones", concluyó.

Su propuesta es avanzar con las leyes donde hay acuerdo, como la Ley de Beneficiario Final, y abrir un diálogo real para revisar el sistema tributario hondureño con seriedad y sin imposiciones.


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