El Congreso Nacional continúa sin aprobar la Ley Procesal Electoral, normativa bajo la cual debe regirse el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La demora se presenta pese a que las elecciones generales se realizarán el 28 de noviembre (28.11.2021) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe emitir la declaratoria de elecciones un mes después, el 28 de diciembre (28.12.2021).
Lo anterior representa que el TJE tendrá menos de un mes, a partir de la declaratoria de ganadores, para resolver las impugnaciones del proceso electoral y lo haría sin una ley procedimental.
En conversación con tunota.com, el magistrado del TJE, Eduardo Enrique Reina, manifestó que en las últimas semanas la comunicación con el Legislativo para analizar el tema de la creación de esa normativa solo se ha dado por vía telemática o telefónica.
"Desde la primera revisión que hicimos al último dictamen (de la ley), a finales de 2020, no nos hemos vuelto a sentar con el Congreso de forma física", explicó.
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El proyecto de ley se concluyó en diciembre de 2019 y se presupuso que en marzo de 2020 el Legislativo discutiría su aprobación.

En esta línea, el comisionado del TJE indicó que tras las elecciones primarias y la aprobación de la nueva Ley Electoral, en marzo y mayo de 2021 respectivamente, se le han hecho nuevas revisiones al proyecto de ley.
"Esto ya lo comunicamos a ellos (Congreso) y tenemos una reunión pendiente para presentar formalmente esos ajustes", confió.
Dos años... ¡y nada!
Cuando en febrero de 2019 se entregó al Legislativo el proyecto de decreto de la Ley Procesal Electoral, su presidente, Mauricio Oliva, designó una comisión que se encargaría del dictamen de dicha ley.
Sin embargo, dos años después de aquello y a escasos meses de los comicios generales, todavía no existen indicios claros de su aprobación.
Con el objetivo de constatar los avances al respecto, este medio de comunicación intentó contactar en repetidas ocasiones al diputado Jorge Cálix, presidente de la antes indicada comisión, pero no se obtuvo respuesta.
Riesgos para las elecciones generales
A criterio de Omar García Calderón, analista en temas de gobernabilidad y democracia, la ausencia de una normativa propia hace que el TJE sea una institución "suprimida".
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Durante y después de las elecciones que definirán el rumbo político de Honduras entre 2022 y 2026, al TJE le corresponderá resolver cualquier caso en que un candidato considere que se violenten sus derechos políticos o electorales.
"En las elecciones primarias no vimos a nadie en la cárcel. Además, que se auxilien de otras leyes, nos hace suponer que no será un tribunal de instancias finales, solo de intermedio y de papeleo normativo", subrayó García, en entrevista con tunota.com.
Lo anterior lo dijo porque cualquier resolución del TJE, sea emitida mediante su ley especial u otra supletoria, puede ser modificada vía recurso de amparo por la Corte Suprema de Justicia.
La Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Procesal Civil (supletorias) son las normas de las cuales se puede valer el TJE ante la ausencia de una ley propia.
La normativa de procedimientos permitirá, en cambio, que el TJE tenga definidos los procesos y plazos para la resolución de conflictos en materia electoral y no recurra a otras legislaciones.
Las resoluciones del TJE
Por su parte, Reina declaró que los riesgos que podría enfrentar el TJE se limitarían a cuestiones relacionadas con tiempo.

El trabajo "no se ha detenido"
A pesar de que el TJE no cuenta con una normativa específica desde que fue creado en 2019, bajo decreto legislativo 200-2018, Reina aseguró que las funciones no se han detenido.
"La Constitución, al considerarnos la máxima autoridad en materia de justicia electoral, nos ordena que no podemos alegar oscuridad o falta de leyes una vez que recibimos una petición", comentó.

Después de las elecciones primarias del 14 de marzo (14.03.2021), el TJE resolvió alrededor de 50 apelaciones a nivel de diputaciones y alcaldías de los tres partidos políticos que participaron: Nacional, Liberal y Libre.
Mientras que en la víspera de la elección general, según Reina, se han asistido otras 10 apelaciones relacionadas con candidaturas independientes.
Las nuevas autoridades municipales asumirán sus cargos el 20 de enero (20.01.2022), mientras que la Junta Provisional del Congreso Nacional el 25 (25.01.2022).
Por su parte, el presidente de la República iniciará su periodo el 27 de enero (27.01.2022).
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