“Si se encausa penalmente a tres o dos consejeros, nos quedamos sin órgano electoral, y sin órgano electoral, no hay elecciones. Eso sería romper el orden constitucional”, sentenció Germán Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante los crecientes rumores de judicialización contra los actuales miembros del ente encargado de garantizar los comicios en Honduras.

La declaración de Lobo es más que una advertencia ante el camino que comenzó a transitar el Ministerio Público, liderado por el fiscal general Johel Zelaya.

Es desde ese organismo que se ordenó la intervención del CNE y señalan posibles delitos de conspiración y extorsión cometidos por sus tres consejeros propietarios.

Fiscalía: ¿justicia o desestabilización del CNE?

Germán Lobo no duda en llamar a la responsabilidad institucional. En sus palabras, el fiscal debe medir el impacto de sus decisiones, pues en este contexto no solo están en juego nombres o cargos, sino el futuro democrático del país.

“El fiscal debe explicar con claridad en qué se basan las investigaciones. ¿Por qué se secuestraron documentos? ¿Qué justifica citar a los consejeros?”, cuestionó.

Según él, si se trata del caso que identifican, “ya sabemos quién es el culpable y el CNE puede seguir funcionando”.

Pero si se intenta arrastrar a los tres miembros propietarios, advierte, el escenario se tornaría crítico.

La amenaza del CNE al proceso electoral

En medio de un calendario electoral en marcha hacia los comicios generales de noviembre de 2025, el colapso del CNE sería una estocada directa a la institucionalidad.

Lobo recuerda que cualquier vacante en el organismo debe ser resuelta por el Congreso Nacional, que actualmente está inmerso en sus propias crisis internas y con una correlación de fuerzas que se estanca.

“Si se lleva de encuentro a dos o tres consejeros, el Congreso no podrá sustituirlos. No hay acuerdos, no hay mayoría ni voluntad del partido de gobierno", advierte Lobo.

Es una situación que anticipa: "nos dejaría sin elecciones, lo que en realidad parece ser la apuesta de algunos sectores”, lamentó el exconsejero.

Una renuncia sin salida y un fiscal que avanza

La crisis se agravó con la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, cuyo trámite lo frenó el presidente del Congreso, Luis Redondo, quien la remitió al Ministerio Público como una denuncia.

Redondo argumenta que la figura de “renuncia” no está contemplada en la ley electoral.

En paralelo, las investigaciones del Ministerio Público escala a nivel penal. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegó a secuestrar documentos del CNE.

Esto mientras el fiscal Zelaya advertía que si los consejeros no se presentan a declarar, se aplicará “lo que en derecho corresponda”.

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¿Hacia dónde vamos en Honduras?

“Dios quiera que esto no sea el sueño de aquellos malos hondureños que quieren una constituyente”, expresó Lobo.

El exconsejero dejó entrever el temor de que se cocine una ruptura que podría romper el orden democrático.

A juicio de múltiples sectores, incluyendo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), lo que está en juego es mucho más que una disputa institucional.

Es la estabilidad de todo el sistema democrático. La organización exige respeto a la autonomía del CNE y denuncia presiones indebidas desde distintos poderes.

Democracia en Honduras, entre advertencias y esperanzas

El exconsejero es claro: Honduras necesita sensatez, y rápido. “La democracia y las libertades son los valores más preciados del pueblo hondureño”, recuerda.

Si el Ministerio Público avanza sin prudencia, y si las instituciones no priorizan el país sobre los intereses, el reloj del proceso electoral podría detenerse… con consecuencias devastadoras.