La Policía Nacional de Honduras, a través de la Unidad Departamental de Prevención #9 (UDEP-9) ejecutó la captura de un ciudadano que tenía una orden judicial pendiente por falsificación de documentos electorales en perjuicio de la Constitución de la República.
El detenido, de 35 años y originario de Brus Laguna, Gracias a Dios, fue requerido en las últimas horas en su lugar de origen, en el marco del Plan Alcázar, una estrategia que busca fortalecer las operaciones de seguridad y reducir la incidencia criminal en el país.
¿Dónde enfrentará el proceso judicial el hombre detenido?
La orden de captura fue emitida el pasado 8 de septiembre de 2025 por el Juzgado Penal de Tegucigalpa, bajo el expediente 1902-2025.
Tras su arresto, el sospechoso fue trasladado a la capital para ser puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Durante el procedimiento, la Policía informó que el hombre no presentó golpes ni lesiones, y se le leyeron y respetaron todos sus derechos conforme a lo que establece la ley hondureña.
La Policía Nacional destacó que la acción forma parte de su compromiso por combatir toda práctica que atente contra el orden constitucional y la transparencia electoral del país.
Dictan medidas sustitutivas a mujer acusada de falsificación de documentos electorales
En otro caso, una jueza de Letras de lo Penal dictó este miércoles medidas sustitutivas a la prisión preventiva en favor de Monserrat Padilla Valladares, acusada por el Ministerio Público de falsificación de documentos electorales durante los pasados comicios primarios en Honduras.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Padilla, junto a otras personas, habría alterado un acta de cierre de una junta receptora de votos en el municipio de Esparta, Atlántida, con el objetivo de sumar 57 votos adicionales a favor de un precandidato presidencial.
Las investigaciones señalan que la manipulación se detectó en el proceso de verificación administrativa, cuando se constató la inconsistencia en los resultados de nivel presidencial.
Tras la resolución judicial, la imputada deberá cumplir con las medidas dictadas mientras avanza el proceso en su contra. La audiencia preliminar quedó programada para el próximo 26 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
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