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Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la aprobación del artículo 312 de la nueva Ley Electoral se trata de un blindaje para todo los corruptos que están siendo investigados y que buscan escudarse en la presunción de inocencia para participar en las elecciones generales de noviembre.
Según el CNA, es una "nueva jugada política", ya que dicho artículo establece que ningún candidato a cargo de elección popular puede ser inhabilitado mientras no exista una sentencia firme.
"Luego de haber sido aprobada la nueva Ley Electoral de Honduras, el CNA con preocupación observa que las fuerzas políticas alinearon sus astros de la impunidad para blindarse, al dejar sin efecto acciones judiciales contra los que hoy están siendo investigados", publicó el ente anticorrupción en sus redes sociales.
"Las nuevas disposiciones contempladas en dicha ley, no resuelven la problemática de fondo que vive la quebrantada y cada vez más escasa democracia hondureña, ya que seguiremos teniendo candidatos cuya aceptación no representa a la verdadera mayoría", mencionaron en un segundo tuit.
Diversos sectores sociales también han mostrado su descontento, pues aseguran que la aprobación de la nueva Ley Electoral implica un blindaje para que los políticos con acusaciones por actos de corrupción puedan aspirar sin ningún problemas a los cargos de elección popular.
"Se ha consumado una nueva jugada política, al dejar el control absoluto de las mesas electorales, ahora Junta Receptoras de Votos, en manos de los partidos políticos tradicionales; esto equivale a dejarle al conejo la responsabilidad de cuidar las zanahorias. ¡paradójico!", concluyó la publicación.
Este artículo exenta a que políticos señalados por actos de corrupción, relacionados con el crimen organizado o con una investigación abierta puedan ser excluidos de las elecciones sin habérseles señalado culpables de cualquier delito.
"Una autoprotección"
Por otra parte, el candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, el artículo 312 de la Ley Electoral es "una autoprotección" que busca que el "crimen organizado continúe en el poder".
"No puede ser que criminales, asesinos y delincuentes puedan participar por la presencia de la república o el Congreso", indicó Nasralla.
El artículo 312 menciona textualmente que, "actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria no surten efecto de inhabilitación salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República".
Cabe señalar, que la nueva Ley Electoral tampoco incluye la segunda vuelta, ni el voto electrónico, aspectos que, de cierta manera, le pudieran dar certidumbre a los resultados de las próximas elecciones programadas para el 28 de noviembre de 2021.