En medio de tensión política, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entra en crisis por ausencias que evidencian vacíos en la aplicación de la ley electoral vigente.

A solo meses de las elecciones generales en Honduras, el órgano responsable de garantizar la transparencia del proceso sufre una nueva sacudida.

El consejero propietario por el partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, acumula cuatro ausencias injustificadas a sesiones convocadas por el CNE. "Al consejero Marlon Ochoa se le ha citado a sesión en cuatro ocasiones y no se presenta", publicó el jueves en X la presidenta del órgano electoral, Cossette López.

Y aunque la ley exige la participación activa de todos sus miembros, no hay un castigo claro para quienes incumplen.

La situación obligó a la presidenta del CNE a activar un mecanismo de reemplazo legal para asegurar el quórum.

Mediante memorándum, citando los artículos 4, 10 y 12 del Reglamento de Sesiones y el artículo 18 de la Ley Electoral, convocó al consejero suplente Carlos Enrique Cardona a la reunión del 10 de julio.

Pero ese relevo tampoco asistió y con las ausencias de Ochoa dejan al descubierto una debilidad estructural en la ley electoral.

Ley electoral exige, pero no define límites

De acuerdo con la normativa vigente, los consejeros del CNE están obligados a asistir a las sesiones.

El artículo 14 de la Ley Electoral de Honduras lo establece con claridad: es su deber participar activamente.

Además, se prohíbe la inasistencia sin causa justificada. Las ausencias, según la ley, pueden ser temporales, injustificadas o definitivas.

Sin embargo, la misma ley no especifica cuántas veces puede un consejero faltar sin enfrentar sanciones formales.

En el caso de Marlon Ochoa, ya se registran cuatro inasistencias consecutivas sin justificación, pero el marco legal no establece una cantidad límite ni un procedimiento sancionatorio automático.

¿Hay consecuencias legales por faltar?

El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, asegura que desde la primera ausencia injustificada ya hay una falta a los deberes que debe corregirse.

En su opinión, la presidenta del CNE actuó conforme a la ley al convocar al suplente, pero advierte que estas ausencias generan riesgos para el proceso electoral, sobre todo cuando son recurrentes.

Por su parte, el también exmagistrado del TSE Dennis Gómez va más allá: afirma que las ausencias injustificadas pueden derivar en responsabilidades penales, civiles y administrativas.

Según explica, si se determina que estas faltas entorpecen el proceso electoral, podrían encajar en el delito de obstrucción al cronograma electoral, con penas de hasta seis años de prisión.

Sin embargo, Gómez reconoce una ambigüedad preocupante: la ley no determina cuántas ausencias constituyen una falta grave ni cómo debe actuar el pleno del CNE para denunciarlo.

Y como ocurre con otros delitos electorales, estos prescriben en un plazo de cuatro años si no se judicializan.

Una ley con vacíos en plena recta electoral

Ambos juristas coinciden en un punto: la ley electoral necesita reformas urgentes. No solo en lo que respecta a las ausencias, sino también en otros aspectos clave del proceso democrático.

Por ejemplo, la inscripción de candidaturas, la fiscalización del financiamiento político y el régimen disciplinario de los funcionarios electorales.

El artículo 25 de la Ley Electoral de Honduras establece que los consejeros que falten sin justificación pueden ser responsables penal, civil o administrativamente.

Pero nuevamente, no define un procedimiento, una instancia de control ni un umbral claro de inasistencias.

Para Aguilar, la falta está desde la primera ausencia. Para Gómez, hay una ambigüedad legal que impide actuar con contundencia.

En ambos casos, el resultado es el mismo: un órgano electoral débil y una institucionalidad que parece no saber cómo sancionar a quienes la incumplen desde adentro.

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Un CNE incompleto en un momento crucial

Con las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre, la ciudadanía espera un CNE fuerte, presente y con decisiones colegiadas.

Pero las ausencias reiteradas de un consejero, sin castigo ni reemplazo permanente, muestran que la ley no está a la altura del momento político.

La ausencia de Marlon Ochoa ya no es solo una silla vacía en la mesa del CNE. Es una señal de alarma sobre los vacíos legales que debilitan la democracia cuando más se la necesita.

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