Organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), han pedido eliminar el controvertido Acuerdo 086-2018 aprobado hace seis años, que impuso reserva sobre la información del financiamiento de campañas políticas en Honduras, de cara a las elecciones primarias e internas de 2025.
Según un informe presentado por la organización, este acuerdo aprobado en 2018 permite mantener bajo reserva los datos de los aportantes privados a las campañas, los estados financieros de los partidos y las auditorías que deberían ser públicas, según la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
"El financiamiento de las campañas políticas es un punto clave en el desmontaje del modelo de macrocorrupción que ha permitido el saqueo y la violencia en Honduras", afirmó Gustavo Irías, director del Cespad.
Según el Cespad, la falta de transparencia persiste, socavando la confianza en los procesos electorales, a pesar de que en mayo de 2021 se presentó una solicitud de nulidad sobre la reserva de información, la que fue rechazada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en junio de 2022.
Asimismo, Irías expresó que "es esencial que la institucionalidad tome medidas específicas para enfrentar la influencia del narcotráfico y las redes de corrupción en los procesos electorales".
Además, declaró que "Honduras entra en un nuevo ciclo electoral, pero con los mismos desafíos pendientes en torno a la transparencia y el acceso a la información, mientras la sociedad civil sigue exigiendo respuestas claras a las autoridades".
