La Pastoral Social Cáritas de Honduras exhortó al Congreso Nacional a discutir y aprobar la Ley de Justicia Electoral para que con este instrumento jurídico se resuelvan las denuncias que se pudieran originar en las elecciones generales que se celebrarán el 28 de noviembre de 2021.
Esta normativa está pendiente de aprobarse pese a que ya existe el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instancia que se encargará de garantizar la observancia irrestricta de los derechos político electorales de los ciudadanos.
El martes (28.09.2021) una comisión de dictamen designada por el Congreso Nacional determinó presentar una ley transitoria sobre justicia procesal electoral que contaría con 14 artículos.
Cáritas de Honduras como parte de la Conferencia Episcopal expresó su preocupación porque pese a la cercanía de los comicios generales el Congreso "no ha llevado a la práctica sus intenciones de discutir y aprobar la Ley de Justicia Electoral".
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La no aprobación de la ley, indicó la organización, " hace suponer que el Tribunal de Justicia Electoral, no será un ente de instancia que cumpla en su totalidad la función para la que fue creada y quedará como un tribunal con facultades intermedias".
De esa manera, Cáritas de Honduras urgió al Legislativo a que de las herramientas legales al TJE con el fin de desarrollar un proceso electoral con reglas claras y evitar así conflictos que pudieran provocar violencia electoral.
Elecciones de Honduras
En el proceso electoral de noviembre participarán 14 partidos políticos y 15 candidatos a la presidencia, de los que saldrá el sucesor del actual gobernante, Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero de 2022 concluirá su segundo mandato consecutivo.
Hernández fue reelegido en noviembre de 2017, pese a que la Constitución no lo permite bajo ninguna modalidad, en unas votaciones en las que, según las principales fuerzas de oposición, hubo "fraude".
El Ministerio Público inició el martes (28.09.2021) una investigación en contra de los exmagistrados del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), en atención a denuncias de fraude electoral. La investigación incluye a la empresa Mapa Soluciones, que se encargó de transmitir los resultados de los comicios de 2017.
