El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una cuenta regresiva para cumplir con la normativa legal: el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) debe adjudicarse a más tardar el 29 de julio, para cumplir con el artículo 278 de la Ley Electoral, que exige la adjudicación al menos cuatro meses antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Hoy los consejeros del CNE disponen de solo 17 días hábiles para adjudicar el TREP, señaló el exconsejero German Lobo.

"El cronograma electoral tiene algunas fechas que son términos legales y hay otras que son de trabajo, las cuales monta el Consejo Nacional Electoral. En este momento lo que se ha trastocado son fechas de trabajo que ha tenido programadas el CNE", manifestó a Noticieros Hoy Mismo.

Asimismo, cuestionó la negación del consejero Marlon Ochoa a presentarse a las sesiones del pleno y puntualizó que existen vías legales para cumplir con el cronograma.

"Creo que las consejeras están llevando un procedimiento al convocar al consejero propietario Ochoa y a los consejeros suplentes. Al no acudir estos, tendrán que estudiar el estamento jurídico para ver si hay alguna norma supletoria para ser aplicada", agregó.

Conflicto entre consejeros del CNE por el TREP

En las últimas semanas, tres sesiones para avanzar con la adjudicación del TREP fracasaron por la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa y de sus suplentes, quienes calificaron las convocatorias como "ilegales".

Colectivos ligadas al partido Libertad y Refundación (Libre) también bloquearon el ingreso al edificio el 7 de julio, en protesta por presuntos intentos de fraude vinculados a la contratación.

El conflicto se centra en que el consejero Ochoa argumenta que es ilegal la verificación de actas con intervención humana. Asegura que esta mecánica fue el principal instrumento del fraude electoral en las elecciones de 2013 y 2017.

Las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall señalan que la Ley Electoral avala la revisión de actas que tengan inconsistencias.

Las discrepancias han llevado a la ciudadanía a una incertidumbre sobre el proceso electoral.

El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) advirtió que el conflicto interno sobre el TREP "amenaza la legitimidad de las elecciones generales de 2025", ya que la falta de consenso pone en riesgo la credibilidad del proceso.

Además, subrayó que la Ley Electoral obliga a aprobar los lineamientos del sistema por consenso y con seis meses de antelación.