La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, explicó este viernes que el organismo no ha podido realizar los pagos pendientes a las imprentas y empresas de transporte que prestaron servicios durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, debido al decomiso de documentos originales por parte del Ministerio Público (MP).

Según detalló, los fiscales no entregaron copias certificadas de los documentos que sustrajeron, lo que ha impedido al CNE procesar los pagos, ya que los bancos no aceptan copias certificadas para este tipo de transacciones.

"En plena ejecución, no llevaron copias certificadas; lo que hicieron fue dejarnos a nosotros con las copias certificadas. De tal manera que no solo comprometen esa etapa, en su momento comprometieron la ejecución misma de los proyectos en el Consejo Nacional Electoral", argumentó López.

En el caso de las imprentas, la funcionaria explicó que existen dos escenarios: una empresa que sí cumplió con el servicio y debe ser pagada, y otra que no lo hizo, y por lo tanto, se le deben ejecutar las garantías. Sin embargo, advirtió que ninguna de estas acciones puede concretarse sin los documentos originales.

La consejera también cuestionó el papel de algunas instituciones estatales, afirmando que han excedido sus competencias y han interferido en la operatividad del CNE.

"Se dotaron de atribuciones que no les corresponden, colocándose como una especie de jefatura del CNE", cuestionó.

Proveedor de transporte exige pago millonario

Paralelamente, el empresario de transporte Óscar Rivera, quien prestó servicios logísticos durante las elecciones internas, denunció que el CNE le adeuda 74 millones de lempiras. Aseguró que el contrato fue cumplido en su totalidad sin haber recibido un solo lempira de anticipo.

"Queremos que nos paguen lo que está en el contrato. No recibimos ni un solo cinco por adelantado, y aun así asumimos la responsabilidad", afirmó Rivera.

El empresario señaló que se firmó un compromiso de pago para finales de marzo, pero ya han pasado cuatro meses sin recibir respuesta. Explicó que su empresa recurrió a créditos para cubrir los costos operativos, lo que ahora les ha generado problemas financieros con los bancos y proveedores.

Rivera informó que ha presentado dos escritos formales al CNE, uno de ellos acompañado de un peritaje que demuestra el cumplimiento del contrato. No obstante, hasta la fecha no han sido notificados oficialmente.

"Si no recibimos una respuesta favorable en los próximos días, tomaremos acciones, posiblemente protestas, y protestas fuertes", advirtió, dejando entrever que la deuda podría afectar la logística para las elecciones generales.

El empresario pidió al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público que intervengan para agilizar el proceso y reiteró que el incumplimiento en el pago podría poner en riesgo el desarrollo del próximo proceso electoral.

"No quisiera pensar que se esté buscando un boicot, porque estamos hablando de transporte e imprentas, dos elementos fundamentales para el proceso electoral", concluyó.