La comisión especial del Congreso Nacional concluyó la investigación sobre la denuncia presentada contra cuatro altos funcionarios del sistema electoral y recomendó su destitución inmediata.

El informe señala responsabilidades políticas contra Marlon David Ochoa Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral; Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral; Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes del mismo ente.

Los miembros de la comisión desarrollaron un proceso de análisis que incluyó audiencias, revisión de pruebas documentales, audiovisuales y testificales, además de la declaración de uno de los denunciados.

Tras esta etapa, los diputados elaboraron un informe con conclusiones y recomendaciones que ya entregaron a la Secretaría del Congreso Nacional.

¿Qué dice el documento presentado por la comisión?

El documento plantea la destitución de los funcionarios señalados y sugiere el nombramiento de sustitutos para evitar vacantes en los cargos. La comisión aseguró que el proceso respetó el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados.

La Secretaría del Congreso deberá citar a los denunciados en un plazo de cinco días para que comparezcan ante el pleno, presenten sus argumentos y ejerzan su defensa.

El pleno del Congreso Nacional tendrá la decisión final sobre el caso. La aprobación de las recomendaciones requerirá el respaldo de al menos dos tercios de los diputados para concretar el juicio político y determinar la responsabilidad de los señalados.

Juicio político contra funcionarios electorales en Honduras

El Congreso Nacional inició en abril de 2026 un proceso contra cuatro funcionarios del sistema electoral señalados por presuntas actuaciones irregulares durante las elecciones de 2025.

Los implicados fueron suspendidos de sus cargos mientras una comisión especial analizaba pruebas y emitía un informe. Este mecanismo, que requiere al menos 86 votos del Congreso para tomar decisiones, busca deducir responsabilidades por acciones consideradas contrarias a la Constitución y al interés nacional.

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