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El reciente decreto del Congreso Nacional, promovido por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, para realizar un conteo "voto por voto" de las elecciones generales de noviembre de 2025, ha generado un intenso debate en el país.
La medida fue sancionada por la presidenta Xiomara Castro y publicada en el diario oficial La Gaceta, sin embargo, especialistas en derecho y diputados de diversos partidos coinciden en que carece de sustento legal y no produce efectos jurídicos.
El diputado Antonio Rivera Callejas del Partido Nacional aseguró en el programa 30/30 que “lo publicado en La Gaceta no es ley, actos nulos, consecuencias nulas. Ni el CNE ni las Fuerzas Armadas van a acatar ese decreto; es totalmente ilegal”.
Rivera explicó que la sesión del Congreso en la que se aprobó la medida no alcanzó la mayoría calificada de 86 diputados, necesaria para decisiones en materia electoral según el artículo 51 de la Constitución, pues solo estaban presentes 69 legisladores, en su mayoría suplentes y representantes del partido Libre.
“El decreto pretende anular implícitamente la declaratoria del CNE de diciembre de 2025 y ordenar un nuevo escrutinio de las actas, algo que está fuera del marco legal vigente”, agregó.
Sesión irregular y ausencia de quórum
Según los testimonios de diputados presentes, la reunión del pasado jueves por la noche no constituyó una sesión formal del Congreso, sino un encuentro parcial de algunos legisladores.
Solo asistieron 50 diputados de Libre, tres del PSH, un representante del Partido Liberal y uno de la Democracia Cristiana, lo que confirma que no existía la mayoría calificada.
Además, la votación se realizó mediante el levantamiento de manos, sin registro electrónico que garantizara transparencia sobre quiénes votaron a favor o en contra.
“Se le dijo a la presidenta que había 69 diputados y ella sancionó de buena fe, pero la realidad es que no se alcanzó el quórum requerido. Eso hace que el acto sea nulo”, explicó Rivera Callejas.
Diputados del PSH: un acto desesperado de Libre
La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), calificó la medida como un intento desesperado de Libre por desconocer la declaratoria oficial del CNE.
Según Mena, la iniciativa busca crear un procedimiento paralelo que usurpe funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral.
“Es un acto desesperado para boicotear el proceso electoral y crear confusión en la ciudadanía. Aunque Libre quedó en una tercera posición, sigue intentando intervenir en la declaratoria oficial para mantener influencia en el poder”, indicó la legisladora.
Mena recordó que esta no es la primera acción irregular del Congreso en el marco del proceso electoral, mencionando la creación de comisiones permanentes ilegales y otros intentos de obstaculizar la transición democrática en 2025.
Peligro de Asamblea Nacional Constituyente
La diputada Maribel Espinoza advirtió que la medida también tiene como objetivo crear condiciones para una eventual Asamblea Nacional Constituyente, similar a lo ocurrido en Venezuela y Nicaragua.
Espinoza, quien ha sido crítica de acciones que considera violaciones constitucionales, aseguró que Redondo “sueña con permanecer en el poder de manera interina, pero eso está previsto en la Constitución y no puede alterarse”.
“Luis Redondo está intentando romper el orden constitucional. Nadie puede suplantar al CNE. Solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, el Congreso puede declarar los resultados, y si este no lo hace, la responsabilidad recae en la Corte Suprema de Justicia”, explicó Espinoza.
La diputada recordó además episodios pasados de vulneración institucional, como la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández y la destitución de magistrados en 2009, subrayando que el objetivo de estas maniobras es mantener control político de forma indebida.
Contexto político y antecedentes
El contexto de este decreto se enmarca en la transición de poderes tras las elecciones generales de noviembre de 2025.
El CNE declaró a Nasry ‘Tito’ Asfura del Partido Nacional como presidente electo, mientras que el Congreso, liderado por Libre, ha intentado interponer medidas que cuestionen la declaratoria.
Redondo y algunos diputados de Libre han argumentado que la acción busca “verificar inconsistencias” en las actas de cierre, pero especialistas y diputados de oposición sostienen que se trata de un intento de intervenir en funciones exclusivas del CNE, bajo la justificación de un escrutinio total.
En opinión de los legisladores de oposición, estas maniobras representan un riesgo de intervención política indebida y de desestabilización institucional en el último tramo del mandato de Xiomara Castro, que finaliza el 27 de enero de 2026.