Las grietas internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras se vuelven más profundas. Este lunes, el consejero Marlon Ochoa presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.
La denuncia presentada la tarde de este lunes por Ochoa es por prevaricato administrativo, delitos electorales y usurpación de funciones contra sus compañeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Alega que se aprobó de forma irregular un sistema de transmisión de resultados que remite, según él, a los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Ochoa dio a conocer la información a través de su cuenta en la red social “X”, donde detalló que el objeto de sus denuncias es la reciente aprobación del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).
Asegura que se adoptó sin su participación y, supuestamente, sin respetar los procedimientos legales que exige la Ley Electoral.
Primera denuncia
La primera denuncia que presentó Ochoa apunta a posibles delitos electorales, prevaricato administrativo y usurpación de funciones, al emitir, según él, una enmienda a los pliegos técnicos del TREP sin convocar al pleno del CNE.
Esta decisión, asegura, permitiría el uso de un sistema que, en palabras del consejero, fue el mismo utilizado en los procesos de 2013 y 2017, cuyos resultados fueron severamente cuestionados por múltiples sectores.
Otra acusación
La segunda denuncia que presentó ante el Ministerio Público tiene como fundamento la violación a la Ley Electoral.
Ochoa asegura que se aprobó un sistema de verificación de resultados con intervención humana.
ESto según sus declaraciones, no está previsto en el marco legal ni garantiza transparencia.
Aunque el consejero no mencionó nombres específicos en los escritos entregados al Ministerio Público, señaló públicamente que sus cuestionamientos se dirigen a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Ellas habrían aprobado el sistema con mayoría de votos, sin consultar ni involucrar al pleno en su conjunto.
El Ministerio Público, de vacaciones y en duda
Un elemento que genera incertidumbre es el estado actual del Ministerio Público, ya que su personal se encuentra de vacaciones colectivas.
Aún no está claro si las denuncias se recibieron oficialmente, o si quedarán en espera hasta que el ente investigador retome sus labores con normalidad.
Este vacío institucional alimenta aún más la polémica sobre el nivel de seriedad con el que se está abordando un tema tan delicado como la legalidad del sistema de transmisión electoral a meses de un proceso crucial.
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El fantasma del fraude
Con esta acción, Marlon Ochoa no solo enciende una nueva controversia dentro del CNE, sino que también remueve uno de los traumas más sensibles del electorado hondureño: el temor al fraude electoral.
Al vincular el sistema aprobado con los procesos de 2013 y 2017, reabre heridas que todavía duelen.
Además de sembrar dudas sobre la legitimidad del camino hacia las elecciones generales de 2025.
