En pleno desarrollo del proceso de elecciones generales Honduras 2025, la transparencia vuelve a estar en el centro del debate. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, tiene bajo la lupa a más de diez candidatos a cargo de elección popular que presuntamente utilizaron recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar sus campañas.

La investigación, revelada por el comisionado Emilio Hernández Hércules, coincide con un momento crítico para el organismo, que advierte sobre la falta de presupuesto.

Esa situación amenaza con debilitar su capacidad para fiscalizar el uso del dinero político en Honduras.

La Unidad de Política Limpia enfrenta uno de sus mayores desafíos justo cuando la ley electoral autoriza el período de publicidad y propaganda política.

Según el comisionado Emilio Hernández Hércules, cada semana que pasa sin aprobarse el presupuesto solicitado debilita la capacidad de control del organismo encargado de garantizar la transparencia en el uso de los fondos durante las campañas.

“Cada semana que pasa sin la aprobación del presupuesto se disminuye la capacidad fiscalizadora de esta unidad”, alertó Hernández, al recordar que la ley concede solo 90 días para la supervisión del gasto electoral.

El problema no es menor. En un escenario donde la publicidad política ya inunda los medios, la ausencia de recursos financieros limita la capacidad de la UFTF para auditar los informes de ingresos y egresos de los partidos y candidatos.

Candidatos investigados por fondos de Sedesol

La alerta del comisionado coincide con una revelación que sacude el ambiente político: más de diez candidatos a cargos de elección popular están siendo investigados por el presunto uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sus campañas.

El funcionario confirmó que el caso será analizado por el pleno de la Unidad de Política Limpia para determinar las acciones legales correspondientes.

“Son situaciones que deben investigarse a fondo. Si se comprueba el uso de fondos públicos en campañas, se estaría violentando la ley electoral y los principios de rendición de cuentas”, sostuvo Hernández.

Estas investigaciones colocan bajo escrutinio el manejo de recursos públicos en tiempos electorales y podrían derivar en sanciones administrativas o penales, dependiendo del dictamen final.

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Autonomía técnica, pero recursos insuficientes

Hernández recordó que la UFTF, adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), opera con independencia técnica, funcional y presupuestaria.

La Unidad cuenta con equipos técnicos y legales que requieren movilidad, tecnología y personal especializado para seguir las pistas del dinero que financia campañas.

Sin estos recursos, la transparencia electoral podría quedar en entredicho. La UFTF, aunque independiente, se enfrenta a un dilema: fiscalizar con recursos limitados mientras busca exponer prácticas que comprometen la equidad electoral.

Su desafío es claro: demostrar que en Honduras aún es posible vigilar el dinero político con integridad y firmeza.

Escándalo en Sedesol

En julio pasado, un escándalo sacudió a Sedesol, después que trascendió una conversación telefónica sobre la entrega de cheques por 100 mil lempiras a estructuras políticas del partido Libertad y Refundación (Libre).

La llamada se produjo entre la diputada de Libre Isis Cuéllar y el entonces titular Carlos Cardona, quien tras la filtración dejó su cargo.

Tanto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como el Ministerio Público (MP) anunciaron que investigarán el caso, conocido como el "Checazo".

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