Expresó que muchos de los diputados se han amparado en decretos de impunidad, como el 116-2019, el 27-2020 y el 93-2021, y otras leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción.

"Falta lo que pase en el Legislativo, que es el refugio de un montón de sinvergüenzas que se ampararon a las leyes de impunidad para no ir a la cárcel y que expulsaron a la MACCIH", indicó en relación a que el convenio que dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) no fue renovado en 2020.

El memorando de entendimiento para la llegada de la CICIH, suscrito entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el pasado 15 de diciembre, establece la necesidad de derogar el decreto 116-2019 y de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz.

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Sin embargo, el oficialismo, ejercido por Libertad y Refundación (Libre), asegura que es la falta de disposición del Partido Nacional y de algunos legisladores del Partido Liberal lo que está obstaculizando el avance que allane el camino a la CICIH.

Con relación a la eficacia que tendrá la CICIH, Edmundo Orellana, también exfiscal general de la República (1994-1999), manifestó que se está trabajando en garantizarle a ese ente la necesaria independencia, incluso, del propio Ministerio Público.

"Está previsto que la CICIH trabaje independientemente del Ministerio Público. La CICIH va a trabajar independientemente y va a presentar acusaciones independientemente", manifestó.

Agregó que lo ideal sería que la CICIH trabajara conjuntamente con el Ministerio Público, aunque aseguró que si el nuevo fiscal general resulta "igual al actual" no afectará al funcionamiento del ente anticorrupción.

El próximo 1 de septiembre asumirán sus funciones el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, quienes relevarán respectivamente a Óscar Chinchilla y a Daniel Sibrián.

Avances de la CICIH

En cuanto a los avances para la instalación de la CICIH, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, anunció días atrás que el 9 de julio arribará al país una misión de expertos que diagnosticará el marco normativo hondureño y los sistemas de operación de justicia, y que de manera simultánea negociará con el Gobierno el convenio que dará pie al ente anticorrupción.

La aprobación de dicho convenio requerirá de 65 votos, aunque desde el Congreso Nacional se plantea la necesidad de elevar a la CICIH a rango constitucional, lo cual necesitaría de un mínimo de 86 voluntades legislativas.

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