El próximo Congreso Nacional (periodo 2022-2026) deberá de nombrar al siguiente fiscal general, fiscal general adjunto y los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual hace más trascendental escogencia de los nuevos diputados.
Y las elecciones primarias del 14 de marzo marcarán la ruta para la selección de estos parlamentarios, pues de esa contienda saldrán los candidatos que buscarán los 128 curules del Poder Legislativo en las votaciones generales del 28 de noviembre
Para la justa comicial primaria se postularon precandidatos de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación en los niveles presidencial, diputados y alcaldes con sus regidores municipales.
Otros 11 partidos que no participaron en las elecciones primarias lo harán de forma directa en los comicios generales con sus respectivos candidatos.

Conformación del Congreso Nacional
El Congreso hondureño está conformado por 128 legisladores en representación de los 18 departamentos.
Para nombra los titulares del Congreso y de la Corte se requiere mayoría calificada, es decir 86 votos, algo que en el actual Legislativo nadie posee.
De acuerdo a la conformación de las bancadas, el gobernante Partido Nacional tiene 61 diputados; el partido Libre 30; el Partido Liberal 26; el Pinu 4 y Alianza Patriótica 4. El resto de partidos, Unificación Democrática, Democracia Cristiana y Anticorrupción 1, respectivamente.
Lo anterior representa que si un instituto político no obtiene la mayoría absoluta necesitará conformar alianzas con otras bancadas, algo que normalmente ha sucedido en los últimos periodos para el nombramiento de los funcionarios en esas instituciones, por ejemplo.

Casos de corrupción
El fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián, fueron nombrados para el periodo 2018-2023, en un controvertido proceso, ya que en el caso del titular de MP representaba la reelección del primero y no existía claridad en la ley de la entidad si eso era permitido, pero, al final, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo.
Chinchilla, cuyo primer periodo en la Fiscalía fue de 2013-2018, era magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando se le nombró en el puesto y en ese momento se le vinculó al Partido Nacional.
Se relección estuvo llena de críticas porque su nombre no estaba entre los cinco candidatos que envió la Junta Nominadora que se encargó de analizar a los abogados más idóneos para asumir ese puesto.
La Fiscalía, al mando de Chinchilla, quien termina su periodo el 1 de septiembre de 2018, ha entablado requerimientos por casos de corrupción emblemáticos, principalmente impulsados Misión de Apoyo contra la Corrupción de la Impunidad en Honduras ( Maccih), que fungió entre 2016-2020.
No obstante, para el analista Julio Navarro, es urgente que el nuevo fiscal general muestre independencia, porque el actual “hizo causa común” con el gobierno, ya que las investigaciones que se hicieron en materia de corrupción no han servido para llevar a los tribunales los principales responsables de casos de latrocinio contra el erario.
“No ha podido (Chinchilla) mantener la independencia que debe tener todo fiscal general para investigar todos los actos delictivos de los actos de corrupción”, señaló.
Navarro enfatizó, por ejemplo, que los compatriotas que han sido juzgados en Estados Unidos por delitos ligados al crimen organizado nunca fueron procesados en Honduras, lo que evidencia la falta de compromiso de Chinchilla en atacar la delincuencia.
En es sentido, Navarro indicó que el próximo Congreso tiene la responsabilidad de llenar “la deuda con la sociedad” que dejará Chinchilla, al seleccionar a una persona más comprometida en la defensa de la sociedad.

Corte Suprema
Por su parte, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminan su periodo de siete años el 11 de febrero de 2023.
El Poder Judicial está conformado por una mayoría (8 magistrados) con relación al Partido Nacional y el resto (7) son afines al Partido Liberal.
De ahí que Navarro resaltó la necesidad que al nuevo Congreso Nacional lleguen diputados que elijan a los magistrados que tengan mayor compromiso con la justicia y sin intereses partidarios.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (23016-2013)
1- María Fernanda Castro (Liberal)
2- Edgardo Cáceres (Liberal)
3- Edwin Ortez (Nacionalista)
4- Rafael Bustillo (Nacionalista)
5- Alma Guzmán (Liberal)
6- Reina Hércules (Liberal)
7- José Olivio Rodríguez (Nacionalista)
8- Jorge Serrano (Liberal)
9- Wilfredo Méndez (Liberal)
10- Reynaldo Hernández (Nacionalista)
11- Rolando Argueta (Nacionalista)
12- Rina Auxiliadora Alvarado Moreno (Liberal)
13- Lidia Álvarez Sagastume (Nacionalista)
14- Jorge Alberto Zelaya (Nacionalista)
15- Miguel Alberto Pineda Valle (Nacionalista)
Según el analista Raúl Pineda Alvarado, el nombramiento de los magistrados es un mecanismo en el que también se debe demandar que la sociedad civil asuma un mayor compromiso con las causas justas, ya que una representación de esta conforma la Junta Nominadora que envía una lista de candidatos al Congreso para su escogencia final.
“Yo creo que ya se hizo un intento cuando se creó la Junta Nominadora, se suponía que de 45 buenos candidatos se iban a escoger 15 buenos magistrados, pero no fue así, la sociedad civil se contaminó, se politizó”, apuntó Pineda.
Pineda resaltó que el próximo Congreso Nacional tiene otros temas relevantes, como una serie de profundas reformas políticas.
