La Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A. confirmó este miércoles su retiro definitivo del proceso de adjudicación del servicio de transporte de material electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre.
El contrato, previamente adjudicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), estaba pendiente de firma debido a las condiciones exigidas por la empresa, incluido el pago anticipado del 50 % como garantía del servicio.
El gerente comercial de Latin Cargo, Phills Johans Ávila, había manifestado más temprano su intención de continuar en el proceso, siempre que contaran con las garantías solicitadas al organismo electoral.
"Nuestro equipo legal nos ha sugerido hacer esta solicitud (del pago del 50 %) por el riesgo de esta magnitud de proyecto", explicó Ávila en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Ávila dijo no quieren a a Latin Cargo le ocurra lo mismo que a los transportistas que prestaron servicios durante las elecciones primarias del 9 de marzo que aún reclaman el pago de 64 millones de lempiras.
Adjudicación del contrato a Latin Cargo
El contrato, adjudicado por el CNE el martes 4 de noviembre por un monto de 57.9 millones de lempiras, generó controversia luego de que la empresa anunciara previamente su retiro del proceso, argumentando incertidumbre y falta de comunicación.
El diálogo entre las partes continuó, pero día después de la adjudicación, el 5 de noviembre, Latin Cargo reiteró su salida, señalando que no obtuvo respuesta a sus solicitudes formales.
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"No hemos tenido respuesta ante la decisión que tomamos como empresa; somos responsables y comprometidos en pro de la democracia del país", afirmó.
Ávila reiteró que "estamos abiertos a sentarnos y ver de qué manera podemos resolver, pero necesitamos garantías y apoyo institucional".
Condiciones para garantizar transparencia
Ávila indicó que Latin Cargo cuenta con entre 60 y 80 unidades de transporte —de 12, 24 y 48 pies— listas para operar de inmediato conforme al cronograma electoral, que estaba previsto para iniciar el 1 de noviembre.
No obstante, insistió en la necesidad de contar con garantías institucionales y acompañamiento independiente para evitar presiones o interferencias.
Entre los puntos planteados por la compañía destacan:
- Evitar que el servicio se vea involucrado en intereses políticos o presiones externas.
- Aclarar que la relación contractual es exclusiva con el CNE, sin participación de las Fuerzas Armadas ni de otras entidades.
- Contar con acompañamiento de organismos nacionales e internacionales durante todo el proceso.
- Establecer un convenio con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) para supervisión jurídica y levantamiento de actas.
- Incluir al Cohep y a las cámaras de comercio como veedores.
- Pedir a los consejeros del CNE validar la información y ofrecer una postura institucional coherente.
"Queremos garantizar el éxito del servicio y cuidar el honor de la empresa; no podemos operar en un ambiente de incertidumbre", subrayó el gerente.
A pesar de su retiro anunciado, Latin Cargo reiteró que mantiene disposición de ejecutar el contrato si el CNE responde a sus solicitudes y ofrece las condiciones de seguridad, pago y transparencia necesarias para cumplir con el proceso electoral.
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