La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de fijar en 43.25 lempiras el valor del voto ha generado una fuerte controversia en Honduras, con diversas voces que contrastan el pago de la deuda política con las necesidades económicas del país.

La deuda política es una de las vías de financiamiento público de los partidos políticos, que tras las elecciones generales celebradas en noviembre del 2021 recibieron la cifra de 142 millones de lempiras, la que subirá a 171 millones para las elecciones de 2025 con el nuevo valor del voto.

Uno de los críticos de tal erogación millonaria con el aumento de 3.96 lempiras por voto ha sido el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Carlos Umaña, quien calificó la situación como "una grosería".

 Según Umaña, “resulta inconcebible que, en medio de las necesidades económicas y sociales que enfrenta el país, el Estado tenga que desembolsar importantes sumas de dinero para financiar a los partidos políticos en función de los votos que obtuvieron”.

Desde su perspectiva, “este mecanismo no solo es un gasto innecesario, sino que también contribuye a aumentar el descontento de la ciudadanía hacia el sistema político, al percibir que los recursos se están destinando a causas que no benefician directamente al pueblo”.

El debate sobre la deuda política no es nuevo en Honduras, desde hace años se ha discutido si este tipo de financiamiento es apropiado o si debería reformarse para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos.

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora CNE, Augusto Aguilar, indicó que el pago a los partidos políticos surgió como una forma de incentivar a las organizaciones políticas a participar activamente en el proceso democrático, facilitando su acceso a recursos para llevar a cabo campañas y promover sus propuestas.

Sin embargo, el exmagistrado también señaló que existe una "gran contradicción" en el sistema electoral hondureño.

 “Por un lado, se otorga financiamiento a los partidos políticos por los votos obtenidos, pero al mismo tiempo se exige que los nuevos partidos consigan al menos el 2 % de firmas de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial para poder inscribirse, de los cuales la mayoría obtienen las firmas, pero no los votos”, detalló.

El tema ha suscitado opiniones divididas en la sociedad hondureña. Algunos argumentan que la deuda política es una herramienta necesaria para garantizar que los partidos puedan competir en igualdad de condiciones, evitando que solo los partidos con mayores recursos tengan posibilidad de influir en el electorado.

Sin embargo, otros creen que estos fondos podrían destinarse a otros sectores críticos, como la salud, la educación o la infraestructura, que demandan atención urgente.

Según un análisis, la inversión del Estado en pago de deuda política no se traduce en desarrollo para el país por parte de políticos.