Las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron este jueves la apertura de una investigación interna para determinar si un miembro activo de la institución participó en un presunto plan para alterar los resultados de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

La medida responde a los audios divulgados por el Ministerio Público (MP), en los que se menciona a un supuesto militar que habría colaborado con actores políticos en una conspiración orientada a "boicotear el proceso electoral y manipular la voluntad popular".

En un comunicado oficial, la institución castrense informó que, por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se conformó una comisión especial dirigida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, con el objetivo de identificar y poner a disposición de las autoridades competentes a cualquier integrante vinculado a los hechos.

"No permitiremos que ningún oficial, suboficial o miembro de tropa manche el honor y prestigio de las Fuerzas Armadas", señala el pronunciamiento, que además reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Ministerio Público investiga presunto plan para alterar resultados electorales

El anuncio de las Fuerzas Armadas se produjo un día después de que el fiscal general Johel Zelaya confirmara el inicio de una investigación penal sobre una presunta asociación ilícita que involucraría a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López; al diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano; y a un militar activo no identificado.

Las investigaciones derivan de una denuncia presentada por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, afín al partido oficialista Libre, acompañada de audios ofrecidos como evidencia.

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Según Zelaya, los audios difundidos "demuestran la existencia de un plan para alterar la voluntad popular e imponer resultados en el nivel presidencial".

El fiscal calificó estas acciones como un "atentado directo contra la democracia" y recordó que la manipulación de resultados electorales constituye traición a la patria, delito sancionado con hasta 20 años de prisión.

Por su parte, López y Zambrano aseguraron que los audios fueron creados con inteligencia artificial (IA). "La conversación es completamente fabricada", afirmó la consejera, mientras que el diputado sostuvo: "Quien conoce mi voz sabe que no es Tomás Zambrano".

Ambos señalaron al consejero del CNE Marlon Ochoa de haber cometido un delito al manipular los audios presentados al Ministerio Público.

Julieta Castellanos sugiere pericia internacional sobre los audios

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó la forma en que se ha manejado el caso y pidió que los audios sean sometidos a una investigación forense internacional para verificar su autenticidad.

"Sorprende que el fiscal general y ahora también el general del Estado Mayor no hayan acudido primero a una investigación exhaustiva de la veracidad de las voces", señaló Castellanos, al recordar la experiencia de la Comisión de la Verdad tras el golpe de Estado de 2009, cuando se comprobó mediante peritajes internacionales la falsedad de una supuesta carta de renuncia del entonces presidente Manuel Zelaya.

Castellanos consideró que la denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa es grave, pero insistió en que debe ser tratada con rigurosidad técnica y transparencia.

"Por ahora nadie cree en la autenticidad de esas voces. La credibilidad institucional está en precario, y este desgaste sólo se explica por el afán de controlar los órganos electorales", advirtió.

También criticó lo que calificó como una "manipulación de la institucionalidad del Estado" por parte de diversos actores políticos y señaló que la presión sobre el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral "nunca había sido tan evidente".

"Necesitamos saber la verdad. Si los audios son auténticos, que se deduzcan responsabilidades; y si son falsos, también. El Estado no debe crear más incertidumbre ni servir a intereses partidarios", subrayó.

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