El expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón, advirtió que el Estado de Honduras podría enfrentar una nueva condena millonaria si los funcionarios destituidos mediante juicio político deciden denunciar al país por violaciones a sus derechos.
La advertencia se realiza luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamara al gobierno de Honduras a una audiencia pública para hablar de la independencia judicial y los alcances del juicio político. Esta se realizará el 5 de agosto.
En marzo y abril de 2026 el Congreso impulsó procesos de juicio político para destituir a Johel Zelaya, fiscal general; Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral; Mario Morazán (titular), Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez (ambos suplentes) del Tribunal de Justicia Electoral.
Durante el programa Frente a Frente de este jueves 9 de julio participaron, además de Pavón, el experto en derechos humanos Joaquín Mejía y el abogado constitucionalista Luis Romero para analizar el alcance de la Ley Especial de Juicio Político
¿Cuál sería el argumento de los funcionarios destituidos?
Para Andrés Pavón, aunque la aplicación del juicio político está contemplada en la legislación hondureña, el procedimiento no respetó los plazos establecidos por la propia norma.
"La aplicación es legal, está en la ley. Actuaron de manera literal, violando la misma ley porque dice que tienen 30 días para desarrollar la investigación y en dos días hicieron la investigación y realizaron todo el proceso", afirmó.
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Según el defensor de derechos humanos, si Johel Zelaya, Marlon Ochoa y Mario Morazán presentan una demanda ante la Corte Interamericana, contarían con un argumento jurídico sólido para responsabilizar internacionalmente al Estado hondureño.
Explicó que la base de esa eventual demanda sería que Honduras incumplió la obligación de adecuar su legislación interna a los estándares fijados por la Corte Interamericana en la sentencia del caso Gutiérrez Navas.
"Con eso es base sólida para demostrar que la aplicación de esta ley, después de que había una orden, les vino a disminuir y menoscabar la naturaleza de sus derechos", sostuvo.
Reforma a la ley de Juicio Político
Pavón señaló que el Gobierno debería demostrar ante el Sistema Interamericano que está trabajando en modificar la Ley Especial de Juicio Político, una de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana.
Asimismo, consideró necesario elaborar un informe que explique las acciones emprendidas para incorporar a la legislación nacional las disposiciones establecidas en la sentencia Gutiérrez Navas.
Sin embargo, expresó sus dudas de que esa reforma llegue a concretarse.
"Pienso y sospecho que no van a hacer reforma a esta Ley de Juicio Político porque lo van a seguir utilizando como un instrumento de presión y de intervención incluso para las decisiones del Poder Judicial y de la acción fiscal", afirmó.
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Condena internacional es inminente
Durante el debate, el experto en derechos humanos Joaquín Mejía coincidió en que el procedimiento seguido por el Congreso podría traer consecuencias para el Estado.
"En el caso del CNE las tres personas consejeras merecían juicio político. En el caso de Johel Zelaya merecía una rendición de cuentas. Ahora, cuando vemos un juicio político que se destituye y se nombra al nuevo", expresó.
A su juicio, independientemente de las razones para iniciar los procesos, la forma en que se desarrolló el procedimiento podría derivar en una condena internacional.
"Desde mi experiencia, el proceso que siguió el juicio político tiene muchas posibilidades de que Honduras termine siendo condenada", aseguró.
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Johel Zelaya anticipa demanda
En medio del programa intervino el exfiscal general Johel Zelaya, quien adelantó que, de acudir al Sistema Interamericano y obtener un fallo favorable, cualquier indemnización sería destinada a proyectos sociales.
"Si llegamos a ganar esa demanda, que es lo más seguro, ese dinero va a ir a dar a lugares donde Honduras lo necesita: salud, educación. Con lo poco que podamos ayudar ahí vamos a estar. Yo me comprometo", manifestó.
Hay posturas divididas
No obstante, el abogado constitucionalista Luis Romero sostuvo una posición distinta y aseguró que, desde su análisis jurídico, no existen fundamentos para que la Corte Interamericana condene al Estado de Honduras por estos procesos de juicio político.
Las opiniones encontradas reflejan el debate que continúa abierto sobre la constitucionalidad y la aplicación de la Ley Especial de Juicio Político, así como las posibles repercusiones internacionales que podría enfrentar el país si los exfuncionarios llevan el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos.
¿Qué es la sentencia del caso Gutiérrez Navas?
Es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado de Honduras por violar las garantías judiciales y la protección jurídica de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos de forma arbitraria por el Congreso Nacional en 2012.
En términos sencillos, esta resolución establece que ningún poder del Estado puede remover a los juzgadores o altos funcionarios mediante procedimientos políticos rápidos que no respeten el derecho a la defensa, la debida investigación o los plazos legales, ya que esto atenta directamente contra la independencia judicial y la democracia.
Por esta razón, el fallo obliga al país a modificar su legislación interna y adecuar figuras como el juicio político para que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, evitando que se utilicen como mecanismos de presión política.
