El requerimiento fiscal que el Ministerio Público presentó contra el aspirante presidencial Nasry Asfura, acusado de desviar 28 millones de lempiras, ha abierto el debate sobre la inhabilitación de candidatos que tienen problemas con la ley.
En ese sentido, analistas señalaron que en Honduras la Constitución de la República y la Ley Electoral no contemplan la inhabilitación de candidatos con requerimientos fiscales y acusaciones, a menos que exista una sentencia judicial.
"Este vacío jurídico ha provocado controversia", señala presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, en entrevista con noticieros TN5.
Esa falta de claridad en la normativa impide al ente electoral actuar en estos casos, señaló.
Según López, en su reciente aprobación del reglamento interno para la inscripción de candidatos, el CNE solo se limita a aplicar lo establecido en la Constitución, que solo permite inhabilitar a un candidato tras una sentencia judicial firme.
Por su parte, el abogado José Antonio Martínez opinó a través de Tu Nota que incluso si se dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva en el caso de Asfura, el candidato seguiría habilitado legalmente.
"Aunque esté en prisión preventiva no se le inhabilita legalmente. Pero ¿cómo hará proselitismo desde la cárcel?", cuestionó Martínez.
Además, acusó al oficialismo de utilizar al Ministerio Público como herramienta política, sugiriendo que este tipo de acciones no buscan justicia sino iniquidad.
La situación plantea un debate sobre la necesidad de actualizar la normativa para definir el alcance de las acusaciones y los requerimientos fiscales en el contexto electoral, y si estas deberían considerarse como causales de inhabilitación antes de una sentencia firme, señalan analistas.
