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El proceso de juicio político contra altos funcionarios electorales en Honduras continuará su desarrollo conforme a lo establecido en la ley, incluso si el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, decide no presentarse a las citaciones convocadas por el Congreso Nacional.
La decisión del funcionario de no asistir ha generado reacciones en el Poder Legislativo, donde diputados aseguran que la normativa vigente es clara: la ausencia del denunciado no detiene, ni suspende, ni invalida la investigación.
Congreso advierte que el proceso no se detiene
Miembros de la Comisión Especial del juicio político han señalado que el procedimiento seguirá su curso con o sin la comparecencia de los funcionarios señalados.
La diputada Merary Díaz afirmó que, aunque la Constitución garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, estos son derechos que el investigado puede ejercer o renunciar de manera voluntaria.
Según explicó, si el funcionario no comparece, quedará constancia en el expediente, lo cual será valorado posteriormente por el pleno del Congreso al momento de la decisión final.
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La ley permite continuar sin la presencia del denunciado
De acuerdo con la Ley Especial de Juicio Político, la ausencia del investigado no constituye un impedimento para continuar con el proceso.
El artículo 13 establece que, aunque el denunciado debe ser citado a audiencia para presentar pruebas y defensa, su inasistencia no detiene las actuaciones si ha sido debidamente notificado.
Asimismo, el artículo 14 señala que el funcionario tiene derecho a exponer sus argumentos ante el pleno del Congreso, pero aclara que, en caso de no comparecer, el juicio sigue su curso.
Críticas y postura de los diputados
La diputada Merary Díaz también cuestionó las justificaciones del consejero del CNE, señalando que todo funcionario público debe contar con respaldo documental de sus actuaciones.
“Si actuaron apegados a la ley, deben tener las pruebas en su poder”, expresó la legisladora, al tiempo que aseguró que no se puede alegar desconocimiento de los actos administrativos propios.
Además, advirtió que el proceso no busca persecución política, sino determinar responsabilidades en el ejercicio de la función pública.
El proceso continuará en el Congreso Nacional
En el Congreso Nacional se mantiene la postura de que el juicio político avanzará hasta su etapa final, independientemente de la presencia del funcionario investigado.
Las autoridades legislativas insisten en que el procedimiento se desarrollará conforme a la ley y que todas las garantías de defensa están contempladas, aunque su uso depende exclusivamente del acusado.
Mientras tanto, el caso continúa generando debate político en Honduras por sus implicaciones institucionales y el papel de los funcionarios electorales.