El juicio político en Honduras contra Marlon Ochoa, -hasta ahora- consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), continúa su desarrollo en el Congreso Nacional con la fase de preparación de audiencias y la definición de testigos clave.
En ese marco, la diputada del Partido Nacional (PN) y presidenta de la Comisión Especial, Tania Pinto, confirmó a Diario Matutino, de HRN, que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López-Osorio (vocal), serán citadas como testigos en el juicio político contra el consejero Marlon Ochoa.
La Comisión también mantiene bajo análisis denuncias relacionadas con magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en un escenario marcado por tensiones políticas entre bancadas y cuestionamientos sobre el alcance del mecanismo constitucional.
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Tania Pinto garantiza debido proceso y confirma citaciones
Al respecto, la presidenta de la Comisión, Tania Pinto, aseguró que el procedimiento avanza con respeto a las garantías constitucionales de los señalados y bajo un esquema de objetividad.
“Se les va a respetar sus derechos de legítima defensa y el debido proceso establecidos en la Constitución de la República”, afirmó Pinto, al subrayar que la Comisión actúa por mandato del Congreso Nacional.
La diputada explicó que el proceso incluye varias denuncias acumuladas y que la fase actual se centra en la evacuación de pruebas y comparecencias.
En ese sentido, confirmó la citación de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio como testigos, debido a su participación directa en el proceso electoral de 2025.
“Ellas van en carácter de testigos porque manejaron el proceso electoral y pueden aportar información relevante para esclarecer los hechos”, sostuvo.
Pinto agregó que la comisión escuchará tanto pruebas de cargo como de descargo antes de elaborar el informe final que será presentado al pleno del Congreso Nacional, órgano que tendrá la decisión definitiva sobre la responsabilidad política.
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Alex Navas advierte riesgos institucionales del proceso
El exfuncionario de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, advirtió que el juicio político debe aplicarse con estricta observancia del debido proceso para evitar consecuencias institucionales y legales para el Estado hondureño.
“El juicio político es una herramienta válida de control constitucional, pero el problema es cómo se utiliza y quién la utiliza”, señaló Navas.
Sobre la misma línea, el analista también alertó que la falta de garantías procesales podría derivar en nuevas condenas internacionales contra Honduras.
“Sin debido proceso, estos casos terminan en responsabilidad internacional del Estado”, advirtió.
Funcionarios en la mira del Congreso Nacional
El juicio político en Honduras avanza con la posible inclusión de cinco funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el caso de Marlon Ochoa, y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Entre los señalados figuran los consejeros Marlon Ochoa, del partido Libertad y Refundación (Libre), y Karen Rodríguez, del Partido Liberal (PL), quien renunció del caso, además de los magistrados del TJE Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
El Congreso Nacional ya conformó una Comisión Especial para conducir las audiencias del proceso, en medio de un ambiente político tenso y con posiciones divididas sobre el uso del juicio político como mecanismo de control institucional.
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