Hay una factura que Honduras vuelve a enfrentar cada cuatro años: la de organizar las elecciones y contratar los sistemas que permiten transmitir sus resultados.
Pero una propuesta de Julio Larios, analista, abre una discusión sobre el costo de la tecnología electoral y la posibilidad de que el Estado deje de depender de nuevas contrataciones para cada proceso.
La propuesta de Julio Larios plantea que Honduras podría disponer de una plataforma de transmisión de resultados electorales actualizada.
Asegura que podría costar aproximadamente 10 millones de dólares bajo propiedad del Estado y con capacidad de utilizarse en futuros procesos.
Pero plantea una cuestión sobre cómo Honduras compra, administra y utiliza su tecnología electoral.
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Elecciones y el negocio de contar los votos
El problema no comienza necesariamente cuando se abren las urnas, sino mucho antes, cuando el Estado debe decidir qué tecnología contratará para procesar y transmitir los resultados.
Equipos, programas informáticos, conectividad, almacenamiento de información, asistencia técnica y mecanismos de seguridad forman parte de una operación que requiere importantes recursos.
En Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es responsable de organizar los procesos electorales y garantizar que sus sistemas funcionen conforme a la legislación.
Sin embargo, la dependencia de proveedores externos plantea una discusión sobre qué componentes tecnológicos podrían permanecer bajo control estatal para utilizarse en futuras elecciones.
Larios propone que Honduras disponga de una plataforma propia, capaz de actualizarse y mantenerse operativa sin necesidad de comenzar nuevamente con cada contratación.
La iniciativa apunta a modificar la forma en que se administra la tecnología electoral, aunque su viabilidad dependería de estudios técnicos, presupuestarios y de seguridad.
Más de 525 millones en tecnología para las primarias
Las elecciones primarias de 2025 representaron una inversión tecnológica considerable.
Los montos reportados para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la identificación biométrica alcanzaron aproximadamente 525.95 millones de lempiras.
De esa cantidad, unos 325 millones correspondieron al sistema de transmisión de resultados y 220.9 millones a la identificación biométrica de los votantes.
Ahora, el especialista Julio Larios plantea que Honduras podría disponer de una plataforma de transmisión actualizada por aproximadamente 10 millones de dólares.
Su propuesta contempla que el sistema sea propiedad del Estado, de manera que pueda mantenerse y actualizarse para futuras elecciones.
Sin embargo, para determinar si representaría un ahorro, sería necesario conocer qué servicios incluye su estimación y compararlos con los contratos anteriores.
La discusión enfoca el futuro de la tecnología electoral: cuánto necesita invertir Honduras y qué parte de esa infraestructura podría reutilizar en los próximos procesos.
¿Por qué no tener un sistema propio?
La propuesta de Larios plantea una alternativa: que Honduras sea propietaria de la plataforma que se use para la transmisión de resultados electorales.
El objetivo sería mantener una infraestructura tecnológica disponible para futuros procesos, con actualizaciones periódicas y mecanismos permanentes de mantenimiento.
Pero la propiedad estatal tampoco significa que el sistema funcionaría gratuitamente.
Habría que financiar personal especializado, seguridad informática, auditorías, conectividad, reposición de equipos y protección de la información.
Además, cualquier plataforma necesitaría controles independientes que permitan verificar su funcionamiento antes, durante y después de las elecciones.
Una segunda vuelta también tendría su factura
El debate tecnológico aparece mientras Honduras examina propuestas de reformas electorales, incluida la posibilidad de incorporar una segunda vuelta presidencial.
Ese mecanismo permitiría celebrar otra votación cuando ningún candidato alcance el umbral establecido para ganar en primera ronda.
Pero una segunda jornada también exigiría recursos para imprimir papeletas, movilizar materiales, capacitar personal y habilitar centros de votación.
Por eso, el costo de las reformas no puede analizarse únicamente desde sus beneficios políticos o institucionales.
También es necesario calcular cuánto dinero adicional requeriría su implementación y cómo se financiaría.
Larios señaló que una segunda vuelta no resolvería por sí sola los problemas relacionados con la administración y el escrutinio electoral. Modificar la forma de elegir presidente no garantiza automáticamente que desaparezcan los retrasos.
Lo que el país debería conocer antes de volver a pagar
La propuesta de Larios coloca sobre la mesa una revisión que va más allá de las reformas electorales previstas para 2029.
Honduras necesita establecer cuánto invirtió en sus sistemas de transmisión, qué servicios recibió y cuáles de los equipos o programas adquiridos pueden reutilizarse.
También sería importante conocer los costos de mantenimiento, las obligaciones contractuales y las condiciones bajo las cuales operan los proveedores tecnológicos.
Esos datos permitirían comparar una plataforma estatal con las alternativas de contratación externa sin depender únicamente de estimaciones.
Porque la factura de las elecciones no termina cuando se anuncian los resultados, es saber exactamente qué compró Honduras, cuánto pagó y qué le quedó después de contar los votos.
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