La Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales aprobada en diciembre de 2024 por el Congreso Nacional (CN) no ha sido sancionada hasta el momento por la presidenta de la República, Xiomara Castro, lamentaron este jueves diversos sectores.

En ese sentido, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, aseguró que esto solo evidencia la falta de transparencia en el país, al tiempo que dejó entrever que la normativa podría estar engavetada en el Poder Ejecutivo buscando proteger a la presidenciable oficialista, Rixi Moncada.

"No es congruente la postura de la candidata presidenciable Rix Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuando hoy se está negando a acudir a los debates presidenciales que se estarían dando en el marco del proceso electoral 2025", manifestó Mena.

De acuerdo con el artículo 22 del dictamen de dicha ley, se realizarán dos debates presidenciales obligatorios, los cuales que serán transmitidos en cadena nacional. Esto implica que todas las estaciones de televisión y radio del país deberán emitir los debates en vivo y sin interrupciones, bajo pena de sanciones.

Al respecto, el diputado de Libre, Oved López, atribuye la falta de sanción de la normativa por parte de la gobernante hondureña a la crisis electoral que se vive actualmente.

Asimismo, afirmó que la presidenciable de Libre participará en los debates porque tiene toda la capacidad suficiente para hacerlo.

"Todavía no se han sancionado pero ya la Constitución establece los mecanismos y los tiempos para hacerlo. Nosotros tenemos toda la buena voluntad, lo que pasa es que han habido otros temas que han generado que estas leyes se atrasen un poco. Espero ver a mi candidata porque tiene toda la capacidad", expresó López.

No hay justificación

No obstante, para el analista político Kenneth Madrid, las justificaciones anteriores no son válidas, según el artículo 216 constitucional, que indica que "Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al CN, dentro de diez días, con esta formula: "Vuelva al Congreso", exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el término no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley".

"Si no regresa al CN, sancionado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, o con el veto presidencial, en ese término de diez días si no hay pronunciamiento de la presidencia de la República, ya el CN está autorizado para proceder a la publicación de la ley y queda promulgado automáticamente", explicó Madrid.

Por otro lado, al exdiputado y ex presidenciable, Olban Valladares, le preocupa la falta de compromiso con la democracia que involucra el asunto, al considerar que Honduras es uno de los pocos países de Latinoamérica dónde los presidenciables no quieren exponer sus propuestas ni explicarle al pueblo como abordarán los principales problemas del país.

"Honduras no está a tono a naciones modernas con la política. Lo que uno expresa en un debate es precisamente el reflejo de su plan de gobierno y para eso uno se lo tiene que saber de memoria", afirmó Valladares.

Cabe señalar que según el dictamen, el artículo 21 de la Ley Electoral confiere al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar y supervisar los procesos electorales; así como cualquier otra función que le confiera la ley, incluyendo la conducción de los debates presidenciales.

¿Qué es la Ley de Debates Presidenciales?

El Congreso Nacional aprobó a mediados de diciembre del 2024 una ley para todos los debates presidenciales organizados en el marco de las elecciones generales que se llevarán a cabo este 2025.

Según la nueva ley, los debates serán organizados únicamente por una Comisión de Debates Presidenciales (CDP) elegida por el CNE.

La ley establece que los debates presidenciales solo se darán en este espacio coordinado, y prohíbe a otras entidades, como medios de comunicación, universidades u organizaciones civiles, realizar debates adicionales de candidatos presidenciales.

Los formatos incluyen debates estilo cabildo abierto y moderados, con preguntas estrictamente confidenciales, conocidas por los candidatos solo al momento del debate, que tendrá una duración de 90 minutos, divididos en segmentos temáticos de 15 minutos.

Para participar en los debates, los candidatos deben contar con al menos un 15 % de apoyo en un promedio de tres encuestas nacionales reconocidas y avaladas por el CNE.