La muerte de Dereck Mc Neal, testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña, volvió a poner sobre la mesa las dudas sobre la seguridad de las personas que colaboran con la justicia en Honduras.
Días después de ese crimen ocurrido en Roatán, el diputado liberal Alex Berríos presentó ante el Congreso Nacional la iniciativa denominada Ley Testigo Seguro, que busca crear un régimen especial para proteger a testigos que enfrenten un alto riesgo por participar en procesos penales.
Mc Neal fue asesinado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Tras el hecho, autoridades anunciaron una investigación para determinar cómo se filtró su condición de testigo protegido.
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Una unidad especial para casos de alto riesgo
La propuesta plantea la creación de una Unidad Especial Militar de Protección de Testigos de Jurisdicción Nacional, adscrita a las Fuerzas Armadas de Honduras y con presencia operativa en todo el país.
Su función sería ejecutar las medidas de protección ordenadas por los jueces cuando un testigo enfrente amenazas graves por brindar información en una investigación criminal.
El proyecto establece que este mecanismo sería independiente, aunque complementario, al actual Programa de Protección a Testigos que administra el Ministerio Público.
Identidad protegida mediante códigos
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la identidad de los testigos permanezca bajo reserva.
Según el documento facilitado por el legislador, cada persona protegida sería identificada ante la unidad mediante un código alfanumérico. La identidad real solo sería conocida por el fiscal a cargo del caso y el juez competente.
Los miembros de la unidad militar no podrían conocer, investigar ni guardar los datos personales del testigo, una medida que busca reducir el riesgo de filtraciones.
Juez decidiría las medidas de seguridad
Para ingresar al programa, el fiscal deberá solicitarlo ante un juez y presentar un peritaje técnico sobre el nivel de riesgo, el análisis tomaría en cuenta la gravedad de las amenazas, la vulnerabilidad del testigo, el peligro para sus familiares y antecedentes de atentados o intimidaciones.
- Entre las medidas previstas están:
- Escoltas.
- vigilancia.
- Extracción inmediata.
- Traslados.
- Vivienda segura.
- Cambio de residencia
- Vehículos especiales.
- Comunicaciones protegidas.
- Reubicación dentro o fuera de Honduras.
En casos extremos, cuando las demás medidas no sean suficientes, un juez podría autorizar un cambio de identidad, siempre que el testigo lo acepte voluntariamente.
Recursos no podrán usarse para fines militares
La Ley Testigo Seguro también contempla un presupuesto exclusivo para la nueva unidad dentro de las Fuerzas Armadas.
El proyecto plantea una asignación presupuestaria individualizada para la unidad dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas, con un monto no inferior al 5 % de la recaudación de las contribuciones destinadas a la seguridad poblacional, o del mecanismo financiero que legalmente las sustituya.
La propuesta señala que esos fondos no podrán destinarse a operaciones militares ordinarias ni a fines distintos de la protección de testigos.
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