Para que un proceso electoral sea auténticamente democrático deben existir libertades plenas. Pero en Honduras el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado 17 veces, mantiene suspendidos derechos esenciales reconocidos por la Constitución, entre ellos la libertad personal, la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a reunión y asociación.
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) analizó la vigencia del estado de excepción en Honduras y advirtió que su prolongación por más de mil días representa un riesgo real para la celebración de elecciones libres y justas.
De acuerdo con el informe, las elecciones democráticas no pueden realizarse plenamente mientras estén suspendidas libertades fundamentales.
El Cespad plantea una pregunta que retumba en la antesala electoral: ¿cómo puede hablarse de democracia si el ejercicio de los derechos básicos se condicionan por un régimen de excepción?
Estado de Excepción con libertades restringidas y democracia en jaque
El decreto, impulsado originalmente para enfrentar la violencia criminal, suspendió seis garantías constitucionales, entre ellas la libertad personal y el derecho a circular libremente.
Aunque durante la campaña electoral no se aplican por ahora restricciones severas, el marco legal vigente permite al Estado limitar las libertades cuando lo considere necesario.
Según los estándares internacionales, las elecciones democráticas deben apoyarse en libertades efectivas de expresión, asociación y movimiento.
Sin ellas, los comicios dejan de ser genuinos, pues los ciudadanos no pueden formar opinión ni participar en igualdad de condiciones.
Para el Cespad, mantener el estado de excepción activo durante los comicios del 30 de noviembre podría reducir aún más la calidad democrática de las elecciones hondureñas.
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Entre la seguridad y la política
El gobierno hondureño defiende la continuidad del estado de excepción como una medida que contribuye a reducir los índices de criminalidad.
Entre 2022 y 2024, la tasa de homicidios cayó de 38.2 a 26 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 32 %.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sostiene que esta medida solo puede justificarse de forma temporal, proporcional y bajo control judicial y legislativo.
En Honduras, su uso prolongado sin revisión exhaustiva contradice el derecho internacional y genera una “normalidad” incompatible con un Estado de derecho.
Además, la OACNUDH observa que de los 17 decretos de prórroga, solo cinco fueron ratificados por el Congreso Nacional, y ninguno se notificó al Secretario General de la ONU, como lo exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Violaciones de derechos humanos documentadas
Durante su aplicación, se reportan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y allanamientos ilegales, acciones atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado.
Estas prácticas no solo vulneran derechos humanos, sino que socavan la confianza ciudadana en las instituciones, debilitando la legitimidad del proceso electoral y el Estado de derecho.
En contextos de alta polarización, el Cespad advierte que se puede exacerbar la desconfianza y generar tensiones sociales antes y después de las elecciones.
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Elecciones en Honduras bajo un clima de excepción
Celebrar elecciones en un país donde las libertades están parcialmente suspendidas constituye, según el Cespad, un riesgo democrático.
La organización subraya que las elecciones no son solo un mecanismo de selección de autoridades, sino “la base misma del sistema democrático”.
Cuando los procesos electorales ocurren bajo condiciones restrictivas y sin mecanismos efectivos de control, se debilita la representatividad política y la legitimidad de los resultados.
La prolongación del estado de excepción sin control legislativo ni transparencia, sienta un precedente peligroso para el equilibrio entre poderes y la independencia institucional.
Mil días después de su instauración, el estado de excepción es un espejo del país: más control, menos libertad.
Si no se revierte, advierte el análisis, el riesgo ya no será solo político, sino existencial para la democracia hondureña.
